¿Cómo los corruptos de América Latina evitan las autoridades migratorias en EE.UU.?

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¿Cómo los corruptos de América Latina evitan las autoridades migratorias en EE.UU.?

Un equipo de investigadores del Miami Herald junto Nuevo Herald y el Miami Herald, junto con un binomio de periodistas independientes en Colombia, documentó cómo políticos y magnates latinoamericanos en líos judiciales han logrado anticiparte a los obstáculos migratorios del presidente Donald Trump.© Megan Moulos Entre los que han logrado evadir a las autoridades migratorias hay excandidatos presidenciales, exministros y magnates. / Ilustración Megan Moulos.

El presidente Donald Trump ganó la Casa Blanca en gran parte criticando las “ciudades santuario”, los refugiados, otros inmigrantes —y lo está intentando nuevamente.

Su muro fronterizo, financiado por contribuyentes y no por México, sigue bajo construcción a pesar del reciente escándalo que involucró a su exasesor de campaña. Su gobierno aumentó drásticamente las tarifas para los solicitantes de asilo y quienes buscan la residencia permanente. También ha separado a miles de familias en la frontera sur del país. Si su predecesor, Barack Obama, se ganó el apodo de “deportador en jefe”, Trump ha empujado las deportaciones a límites nunca antes vistos.

Sin embargo, desde hace ya muchos años y gobiernos de turno existe un grupo que se cuela por las rendijas: miembros de las élites latinoamericanas que encabezan la lista de políticos y magnates empresariales con sede en Miami, quienes siempre están un paso adelante de las autoridades. Estos expatriados utilizan sus fortunas y conexiones para adquirir visas, asilo y residencia permanente.

A pesar que el presidente Trump suspendió una gran parte de la inmigración legal a raíz de la pandemia, en septiembre el Congreso aprobó extender el controvertido programa de visas para inversionistas, mejor conocido como EB-5, hasta finales de este año.

Una investigación realizada por el Nuevo Herald y el Miami Herald, junto con Aristegui Noticias en México y un binomio de periodistas independientes en Colombia, documenta cómo extranjeros de Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, México y Venezuela han logrado anticiparse a las autoridades migratorias en Estados Unidos mientras obstaculizan las investigaciones penales en sus países de origen.

Ruta de escape

Miami siempre ha sido considerada un segundo hogar para la clase gobernante del hemisferio y otras élites, muchas de las cuales tenían propiedades en Florida. A menudo es la primera parada cuando huyen de sus países de origen. En 1959, Fulgencio Batista llegó a Miami luego de su exilio de Cuba, para luego terminar en República Dominicana. Obligado a huir ante la rebelión sandinista en Nicaragua en 1979, Anastasio Somoza buscó puerto seguro en Miami para luego ser denegado por el mismo presidente Jimmy Carter a pesar de sus vínculos con la comunidad. Fue asesinado un año después en Paraguay.

La explosión inmobiliaria de lujo durante la última década fortaleció los lazos hemisféricos.

En algunas ocasiones alguien siente el peso de la ley. El expresidente panameño Ricardo Martinelli, que residía en una casa frente al mar de $8 millones de dólares en Coral Gables, fue extraditado a Panamá en 2018, solo para ser absuelto de corrupción y espionaje.

Entre los “inmigrantes inadmisibles” se encuentran aquellos quienes se han involucrado con el terrorismo, el narcotráfico o la trata de personas, el genocidio, o lavado de dinero. Pero las escapatorias existen. Las restricciones pueden ser obviadas si un secretario de Estado cree que cumplir las reglas tendría consecuencias adversas para la política exterior. Influencia y poder —sobre todo a la hora de contratar un superabogado— puede superar los obstáculos cotidianos que destruyen las esperanzas de inmigrantes a diario.

Una revisión de más de 1.2 millones de casos obtenidos a través de solicitudes de información pública de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, conocida como FOIA por sus siglas en inglés, reveló que negaron el asilo al 90% de los solicitantes sin representación legal. Sin embargo, casi la mitad de los que contrataron los servicios de un abogado tuvieron éxito.

En su sitio web, la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) se jacta de su eficiencia para arrestar y deportar a un número cada vez mayor de inmigrantes, especialmente aquellos con antecedentes policiales. Bajo Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) ha creado una oficina encargada de cancelar la ciudadanía de estadounidenses naturalizados sospechosos de cometer fraude al ocultar información en sus solicitudes.

Si bien estas iniciativas se publicitan de viento en popa, el gobierno ha sido más prudente en su manejo de expatriados ricos y aquellos con conexiones políticas. En enero, el Herald presentó una solicitud de información pública ante el Departamento de Estado en busca de información sobre las visas emitidas a 24 personas vinculadas al sur de Florida. Citando “circunstancias inusuales”, el gobierno aún no ha proporcionado ningún documento.

Asimismo, el Herald también presentó la solicitud con DHS, quien supervisa a ICE, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para que compartieran los expedientes de estas mismas figuras influyentes. El gobierno se negó repetidamente a cumplir, citando la Ley de Privacidad de 1974, que regula la recopilación, mantenimiento y difusión de registros personales de las agencias federales.

En su primera semana en el cargo, el presidente Trump anuló las protecciones de privacidad para los no ciudadanos estadounidenses y personas que no tienen residencia permanente. El Herald le señaló esa directiva al DHS, que la sigue ignorando.

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el sistema migratorio para diferentes personas? Entra aquí y prueba tu suerte.

Vista del piso 40

Erick Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas de Guatemala, está prófugo desde 2016. La fiscalía lo acusó de participar en una trama de corrupción en la que cada ministerio solicitaba “contribuciones” del sector privado para comprar regalos al exbinomio presidencial, incluida una embarcación, un auto Jaguar blindado, una moto Harley Davidson y varios vehículos todoterreno.

Cuando comenzaron los arrestos, Archila estaba a salvo en Miami. Juan Murillo, socio del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP en Washington DC ,le dijo a el Nuevo que defendió a Archila y que logró que se le retirara la “circular roja” de la Interpol —una orden de captura internacional— al igual que detener la solicitud de extradición iniciada por el gobierno guatemalteco.

A sus 51 años de edad, Archila, está casado con una ciudadana estadounidense y sigue viviendo cómodamente en el sur de la Florida. Un apartamento en el piso 40 del condominio Mint, en el centro de Miami, es una de sus direcciones postales y está valorado en más de $1.1 millones. La propiedad no está registrada a nombre de Archila, sino de Mint 4003 Corp., una empresa formada en las Islas Vírgenes Británicas, catalogada por la Business Insider como el primer paraíso fiscal del mundo.

Sus inversiones están vinculadas con otra SRL, Canal A Media Holding, cuyo nombre hace eco de un canal de televisión por cable de Archila como parte de Grupo A, uno de los conglomerados de medios más grandes de la nación centroamericana. Según documentos públicos fechados el 17 de octubre de 2016, Archila contrató los servicios de dos abogados importantes, Jed y Marvin Kurzban, socios de la prestigiosa firma de Coral Gables Kurzban Kurzban Tetzeli y Pratt P.A. para establecer la SRL en la Florida.

Otro socio de la misma firma, Ira Kurzban, representó a Archila en sus procedimientos de inmigración. Los documentos examinados por el Herald muestran que Archila está en proceso de obtener una visa L-1, que utilizan las empresas para trasladar ejecutivos extranjeros a Estados Unidos. También tiene una solicitud de asilo pendiente.

Desde el año pasado, Canal A Media aparentemente aparece registrado por Corporation Company of Miami, que pertenece a Shutts & Bowen LLP. Este último es uno de los bufetes más importantes y antiguos del sur de la Florida, cuyo fundador, Frank B. Shutts, se estableció en Miami como representante de Henry Flagler, industrialista y figura clave en el desarrollo de la costa este de la Florida. Ninguno de los dos bufetes respondieron a las preguntas de el Nuevo Herald sobre los negocios de Archila en el estado.

En una carta enviada por Grupo A, un representante de la empresa dijo que el conglomerado de medios “tiene una larga trayectoria de objetividad periodística” y cuenta con “alianzas importantes con empresas americanas. Somos el canal filial para la cadena CNN en Español, quienes nos colocan como uno de los principales grupos mediáticos del país”. Por su parte, una vocera de CNN en Español confirmó que Canal Antigua es una de aproximadamente 50 empresas en Latinoamérica que distribuye el contenido de CNN, pero no proporcionó mayor aclaración sobre la relación del canal con Archila.

Padre e hijo

Carlos Polit Faggoni, de 70 años, ha ocupado muchos cargos públicos en Ecuador y llegó a la Contraloría General del Estado en 2017. Ese mismo año fue acusado de recibir $10.1 millones de dólares en sobornos de Odebrecht S.A. Polit tomó rumbo hacia Estados Unidos, donde consiguió la nacionalidad estadounidense hace ya años. Se asentó en Miami.

Odebrecht fue un escándalo internacional. La constructora brasileña con tentáculos en al menos 10 países en el mundo pagó más de $780 millones en sobornos llegando hasta las más altas esferas de gobierno a cambio de licitaciones favorables. Ecuador enjuició a Polit en ausencia y fue sentenciado en junio 2018. Su hijo de 39 años de edad, John, un ciudadano estadounidense nacido en la Florida, fue acusado de ser un cómplice y terminó sentenciado. Pero él también estaba ya en Miami.

A Carlos Polit se le ha permitido permanecer a pesar de que el Departamento de Estado había cancelado más de 300 visas emitidas a otros ciudadanos ecuatorianos que enfrentan acusaciones de corrupción. La cifra la proporcionó Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador.

Juntos, los Polit han prosperado, comprando al menos tres propiedades valoradas en casi $7 millones de dólares. Todos están a nombres de SRLs. Existen razones legítimas para usar SRLs, pero las mismas también pueden ser utilizadas para esconder activos de fuentes cuestionables.

Las propiedades de los Polit incluyen una una casa en Pinecrest adquirida en junio 2018, y un condominio exclusivo en la torre Aria on the Bay en Edgewater, que fue comprada en agosto 2018. Ambos están valorados conjuntamente en $2.2 millones de dólares, según el registro de la propiedad. Tales adquisiciones, realizadas con dinero en efectivo por compradores extranjeros que emplean empresas fantasmas, conforman una gran parte de la industria de bienes raíces en la Florida.

Preocupados por el lavado de dinero sucio a través de las bienes raíces, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus siglas en inglés) ha luchado para eliminar las prebendas que protegen el anonimato en las compras de bienes raíces en el sur de la Florida y otros mercados. Hace cuatro años implementó un reglamento requiriendo que las empresas que emiten seguros sobre los títulos de propiedad identificaran y reportaran las identidades de individuos que efectuaran compras de propiedades en efectivo por un valor mayor al millón de dólares utilizando SRLs. Luego redujo dramáticamente el monto a $300.000 y lo amplió para incluir también los giros bancarios.

Ambos Polits tienen problemas legales persistentes. Polit padre enfrenta una solicitud de extradición de Ecuador, dijo Juan Carlos Sánchez, subjefe de misión en la embajada de Ecuador en Washington. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) le abrió una investigación al joven Polit, exempleado de Merrill Lynch, para determinar si su asociación con un corredor y asesor de inversiones registrado en la SEC coincidía con algún supuesto comportamiento ilegal en Ecuador.

Los Polits están representados por Fernando Tamayo, con la firma de abogados Coffey Burlington. Según Tamayo, bajo el marco legal ecuatoriano, las sentencias de los Polits no quedan en firme hasta agotar todos los recursos de apelación. Recalcó que todas las propiedades fueron compradas con fondos legítimos.

“Con respecto a los procedimientos de la SEC relacionados con John, confiamos en que su condena injusta en Ecuador pronto será revocada en una apelación. Esto resultaría en una resolución favorable del asunto de la SEC”, dijo Tamayo.© Megan Moulos Ilustración Miami Herald Polits

La grandeza de Odebrecht

En junio de 2017, cuando el millonario peruano Gustavo Salazar, corredor de seguros, fue acusado de facilitar y blanquear un soborno a un gobernador a cambio de un proyecto de carretera que supera el presupuesto de $100 millones de dólares, salió en la televisión para desmentirlo —desde Miami. Como ocurre con gran parte de la supuesta corrupción del hemisferio, el sobornó en cuestión también está vinculado a Odebrecht. Un juez peruano ordenó su extradición el año siguiente.

Salazar, de 54 años, residente permanente cuya esposa es ciudadana estadounidense, ha permanecido en Miami. Un video en línea lo muestra bailando en la lujosa boda de su hija el año pasado en la capital de la Florida. “Estar en Estados Unidos le permite a Gustavo Salazar defenderse de estas acusaciones sin fundamento y motivadas políticamente sin el riesgo de estar en una cárcel peruana durante la fase de investigación”, dijo su abogada, Lilly Ann Sánchez, al Herald.

Arantxa Salazar, de unos veintitantos años de edad, no solo es la hija recién casada de Salazar, sino la presidenta de ocho SRLs. En una ocasión obtuvo un préstamo para una de las SRL, Lulu 3103, con M&M Private Lending Group. El sitio web de la empresa promete préstamos de “dinero fuerte”, generalmente préstamos con intereses altos, a menudo por periodos cortos de tiempo que no requieren declaraciones de impuestos, verificación de crédito o extractos bancarios.

Desde el 2012, las SRLs son dueñas de un apartamento de $1.5 millones de dólares en el complejo Jade Signature en Sunny Isles Beach, donde aparentemente vive Gustavo Salazar. Cuando se le preguntó sobre la transferencia de activos a la hija de Gustavo Salazar, su abogada Sánchez dijo que “las personas se están quedando sin acceso al sistema bancario o financiero, lo que les deja sin otra opción que transferir activos y depender de familiares para cualquiera de sus necesidades bancarias”. Perú aún espera una decisión acerca de su solicitud de extradición.

Al margen de la refriega

Durante 17 años, el expresidente boliviano Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y su exministro de defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, han enfrentado acusaciones por autorizar a militares a usar fuerza letal contra civiles, la mayoría indígenas aymaras. Sesenta y siete personas murieron y cientos resultaron heridas en octubre de 2003, según informes noticiosos. Sin embargo, Sánchez Berzaín ha puesto en tela de juicio esta cifra y si él fue el que dirigió las acciones de los militares.

En el pico de la crisis, el pro estadounidense de Sánchez de Lozada renunció y huyó con Sánchez Berzaín, con ayuda del Departamento de Estado, según muestran los documentos. Desde el 2003, viven en Maryland y el sur de la Florida, respectivamente. Sánchez Berzaín solicitó asilo en 2006, diciendo que sería torturado por secuaces del presidente Evo Morales.

Su solicitud fue aprobada en mayo 2007. Más tarde ese año, la Corte Suprema de Bolivia le permitió al fiscal general del país acusar formalmente a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por múltiples cargos, incluido el genocidio, y a pedir su extradición. La petición fue negada en el 2012. Bolivia volvió a solicitarla en el 2014. Pero, para ese entonces, Sánchez Berzaín hacía mucho tiempo estaba encaminado hacia la residencia permanente en Estados Unidos.

Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada han prosperado en su nuevo país. Junto a su cuñado, Sánchez Berzaín está asociado a varias SRLs a través de las cuales se han comprado diversas propiedades. También encontró su nicho como un cruzado anticomunista entre los cubanos y venezolanos exiliados, abriendo un centro político llamado Instituto Interamericano para la Democracia. También escribe artículos de opinión en contra del socialismo del siglo XXI, al que llama “castrochavismo”.

El panorama se complicó luego desde que la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard Law School presentó una denuncia civil en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1992, la cual permite demandas civiles en los Estados Unidos contra personas que, actuando en calidad oficial para cualquier nación extranjera, cometieron tortura o ejecuciones extrajudiciales.

El litigio comenzó en el 2007, y desde entonces ha sido un laberinto legal. En abril 2018, un jurado de un tribunal federal en Fort Lauderdale, Florida, dictó un veredicto dividido en contra de los dos políticos bolivianos, aseverando que los asesinatos sí fueron extrajudiciales y que ambos, Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada, eran culpables bajo la “responsabilidad de la cadena de mando”. Al mismo tiempo, dictaminó que los soldados no tuvieron la “intención”. Se les otorgó a los demandantes $10 millones de dólares en daños. En noviembre pasado, un juez desestimó el veredicto. En agosto, un tribunal de apelaciones anuló esa acción, confirmando el fallo original.

Bajo la administración Trump, este caso civil es más que suficiente para señalar a Sánchez Berzain para su destitución y deportación. El entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly firmó un memorándum en febrero 2017 instruyendo al personal del departamento priorizar la remoción de quienes “hayan sido imputados por algún delito que no haya sido resuelto; y hayan cometido actos que constituyen un delito imputable”. Además, las pruebas referenciales son admisibles en los procedimientos de deportación bajo el Derecho Común estadounidense desde 1988. Los expertos legales dicen que esto se ha aplicado a cientos, si no miles, de inmigrantes. Sin embargo, Sánchez Berzaín permanece en Estados Unidos.

Ni Sánchez Berzaín ni sus abogados, Ana C. Reyes de Williams & Connolly LLP con sede en Washington D.C. y Evan B. Berger de Becker & Poliakoff, P.A., respondieron las múltiples solicitudes de comentarios del Herald.

Década dorada

Genaro García Luna, de 51 años, fue un hombre importante en México que vivió a lo grande en uno de los pueblos más pequeños y ricos del sur de Florida: Golden Beach. De 2001 a 2005, García dirigió la Agencia Federal de Investigación de México y luego se desempeñó como titular de la Secretaría de la Seguridad Pública, supervisando el cuerpo policial del país.

García Luna fue la mano derecha del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), quien en su gobierno desencadenó una guerra contra el narcotráfico en el país que resultó en la muerte de más de 120.000 personas y 16.400 desaparecidos. Estados Unidos gastó $1.500 millones de dólares apoyando a Calderón y trabajando en estrecha colaboración con García Luna, quien se mudó al sur de Florida después de terminar su mandato.

México está acostumbrado a que los funcionarios públicos pasen a jubilaciones opulentas, y García Luna no defraudó. Adquirió una casa de $3.3 millones de dólares en la pequeña Golden Beach, que contaba con un muelle privado, el cual le resultó conveniente para amarrar su yate de $700.000 dólares.

Los documentos examinados por el Herald muestran que era un funcionario de tres SRLs, una de las cuales se utilizó para comprar una propiedad comercial en Aventura. También logró convertirse en residente permanente. Luego, Joaquín Guzmán, el infame narcotraficante conocido como “El Chapo”, fue arrestado (por segunda vez), extraditado a Estados Unidos y sentenciado en el 2019. Durante su juicio, un miembro del cartel de Sinaloa se centró en García Luna, testificando de haberle entregado al menos $6 millones de dólares en maletas a cambio de información policial y asegurar sus rutas. García Luna fue arrestado en diciembre pasado.

Además de los cargos por narcotráfico, fue acusado de haber hecho declaraciones falsas en su aplicación para la ciudadanía estadounidense, negando que alguna vez estuvo involucrado en un crimen. García Luna espera juicio en una cárcel de Nueva York, un ejemplo de cómo el Departamento de Justicia persigue a un ciudadano extranjero influyente. Su abogado, César de Castro, declinó comentar al respecto.

Ponerle el dedo

Cuando la ley o las autoridades migratorias están cada vez más cerca, los cleptócratas pueden recurrir al método más viejo del manual: delatar a los demás.

La fiscalía acusó al guatemalteco Guillermo Lozano Bauer, expiloto presidencial y jefe de la autoridad portuaria del país, de haber sido elegido personalmente por el entonces presidente Otto Pérez Molina para presuntamente coordinar una serie de sobornos. Lozano testificó contra el cartel de Los Cachiros, una de las redes de trasiego de drogas más grandes de Honduras con un patrimonio neto cercano a los $1.000 millones de dólares. Lozano vive sin perturbación alguna desde 2013 en una propiedad que compró en Sunny Isles Beach. El abogado de Lozano no respondió a las solicitudes de comentarios del Herald.

El colombiano Alejandro Lyons Muskus pensó que el testificar en contra de otros peces más gordos sería su escapatoria. El exgobernador de Córdoba fue reclutado como fuente confidencial por agentes federales en 2017 en Miami, donde residía desde que en Colombia se descubriera su involucramiento con varias tramas de malversación de fondos. Unos de los escándalos más sonoros fueron los del “Cartel de la Hemofilia” y el “Cartel de la Toga”, donde se desviaron fondos o se efectuaron cobros por servicios inexistentes.

Lyons jugó un papel clave en el arresto del exdirector de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía colombiana, Luis Gustavo Moreno Rivera, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero por aceptar un soborno de Lyons en el Dolphin Mall en Miami.

Fue ahí en que las cosas se tornaron interesantes. Como muchos otros que se convierten en informantes confidenciales del gobierno, Lyons pudo haber construido una nueva vida en Miami o mudarse a otra ciudad bajo una nueva identidad. No había cometido ningún delito a sabiendas en Estados Unidos.

Fue en ese entonces que, según fuentes colombianas la DEA, descubrió que Lyons le había mentido. En agosto del año pasado, oficiales de inmigración arrestaron a Lyons para deportarlo. Un cuento aleccionador de lo que puede llegar a suceder a quienes hacen un trato, pero no lo cumplen. Sin embargo, antes de que pudiera ser deportado, Lyons fue puesto en libertad.

Durante meses, el Herald buscó el paradero de Lyons y rastreó sus activos. Solo encontró SRLs inactivas, incluida una empresa registrada a nombre de una supuesta novia. Su esposa y sus tres hijos regresaron a Colombia. DHS se negó a comentar.

Amigos en altas esferas

Manuel Baldizón, de 50 años, es el vivo ejemplo de la cleptocracia. A principios del 2015, el exdiputado guatemalteco parecía imparable, en la vía rápida a la presidencia a pesar de tantísimos rumores que los carteles del narcotráfico habían subvencionado su campaña. Confiado de su inminente victoria, viajó a Estados Unidos en febrero de ese año en un tour preelectoral para reunirse con la crema y nata de la política estadounidense. Entre quienes lo recibieron figura Mike Pence, en aquel entonces gobernador del estado de Indiana, quien próximamente se convertiría en el compañero de fórmula de Donald Trump. Jorge, uno de los hijos de Baldizón, era pasante en la oficina de Pence (la oficina del vicepresidente no respondió a las múltiples solicitudes de El Nuevo Herald).

Pero al regresar a casa, las cosas se le complicaron a Baldizón. Una comisión antimpunidad respaldada por las Naciones Unidas descubrió tramas de corrupción que incluían sobornos y malversación de fondos públicos por líderes políticos que culminó con la renuncia y el arresto del presidente, el gabinete, decenas de políticos y élites. Entre los implicados, en las puertas de la primera vuelta electoral en septiembre de 2015: el compañero de fórmula de Baldizón, Edgar Barquín, luego sentenciado por asociación ilícita y tráfico de influencias en una red de corrupción de más de $100 millones de dólares.

Baldizón perdió la elección del 2015 en primera vuelta. Baldizón necesitaba una estrategia de salida clara y un plan fuera de Guatemala. Fue así como Miami, una ciudad donde había pasado bastante tiempo, se convirtió en una opción atractiva.

Comenzando en el 2011, había acumulado una serie de propiedades en el sur de la Florida. Sus vínculos a esas propiedades están ocultadas en una red de empresas de responsabilidad limitada (conocidas como SRL). Documentos obtenidos por el Nuevo Herald y el Miami Herald permitieron hacer la conexión. Clearwater International Management LLC y 1-95 Inn LLC son empresas en Florida de una larga cadena de traspasos entre empresas fantasma, incluyendo B&V Diversified Management LLC y Invest and Business LLC. Ambas de estas empresas fueron creadas en Delaware, un estado que permite ocultar las identidades de la directiva de la empresa. I-95 Inn y Clearwater, las empresas de Florida, están registradas a nombre de otro Manuel Baldizón, su hijo de 27 años de edad.

A pesar de la implosión de su carrera política en casa, Baldizón siguió codeándose con la crema y nata de círculos republicanos. Su página personal de Facebook muestra fotos de Baldizón en el baile de inauguración presidencial en enero 2017, donde aparece con Pence y los hermanos del vicepresidente.

Los límites de la impunidad

Convertirse en informante fue el camino elegido finalmente por Manuel Baldizón, el guatemalteco que estuvo a punto de convertirse en presidente. Necesitaba hacer algo cuando sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción de Odebrecht finalmente lo alcanzaron. En enero de 2018, la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, reveló que la constructora había repartido alrededor de $17.9 millones de dólares en sobornos, y que presuntamente $3 millones de dólares de estos habían terminando en los bolsillos de Baldizón. Pero cuando se llevaron a cabo las redadas, Baldizón no se encontraba por ningún lado.

El 20 de enero de 2018, Baldizón llegó al aeropuerto de Miami en un vuelo procedente de República Dominicana. Era una ruta que había hecho muchas veces antes. Pero al llegar al control de pasaportes, fue arrestado con una orden judicial de Interpol. Las autoridades de Estados Unidos y Guatemala dijeron que Baldizón pronto regresaría para enfrentar cargos de corrupción en su país. En cambio, él solicitó asilo político en Estados Unidos.

Mientras esperaba comparecer ante un juez de inmigración, agentes de la DEA y del FBI se acercaron a Baldizón para investigar el lavado de dinero vinculado a los carteles de la droga. El excandidato aceptó un acuerdo de culpabilidad, que incluía una sentencia reducida de 50 meses y ayudó a derribar a otro lavador de dinero el año pasado. Uno de sus apartamentos en Miami fue confiscado, pero otras propiedades permanecen bajo el control de su hijo.

Durante meses, el abogado de Baldizón logró retroceder la fecha de su ingreso a la cárcel bajo la Oficina de Prisiones, diciendo que su cliente tenía problemas de salud. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se negó en repetidas ocasiones a hablar sobre Baldizón. El abogado de Baldizón, que también representa a Lozano, Bill Clay II, no devolvió los múltiples correos electrónicos del Herald.

En cuanto a los cleptócratas del sur de Florida, dos están actualmente bajo custodia: García Luna y Baldizón, quien se entregó a la Oficina de Prisiones en McRae-Helena, Georgia, el 1 de septiembre. Mientras tanto, continúa la represión de la administración Trump contra la inmigración, aproximadamente 50.000 inmigrantes indocumentados están confinados en cárceles, prisiones, y otras formas de detención por parte de ICE.

*Editado por: Casey Frank del Miami Herald y Nancy San Martín, Douglas Rojas-Sosa y Jay Ducassi de el Nuevo Herald.

Ilustraciones por: Megan Moulos

Diseño: Sarah Blaskey, Reportera de Datos e Investigación, Eduardo Alvarez, Director de Experiencia Digital, McClatchy y Nathaniel Levine de The Sacramento Bee.

Fabio Posada, periodista independiente, informó desde Cali, Colombia. Marcos Martínez Chacón de Aristegui Noticias informó desde la Ciudad de México. Los reporteros de Miami Herald y el Nuevo Herald Kevin G. Hall, Jay Weaver y Antonio María Delgado contribuyeron a este reportaje.

Este proyecto investigativo es financiado por el Fondo para el Periodismo de Investigación en asociación con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y el Nuevo Herald.

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