Impuestos sitúan Gobierno en línea de fuego cruzado

SANTO DOMINGO.– Con poco menos de dos meses de gestión, el gobierno del presidente Luis Abinader enfrenta la que hasta ahora se proyecta como la más grande prueba de fuego a sus ejecutorias por las protestas ante el paquete de nuevos impuestos que contempla el proyecto de ley de presupuesto para el 2021.

Las quejas, que se han esparcido en los últimos días como un reguero de pólvora por las redes sociales, provienen principalmente de la clase media que, según analistas, fue determinante con su voto para el triunfo del PRM en las pasadas elecciones.

Aunque uno de los impuestos, el que se aplicaría al doble sueldo navideño, estaría exento para los que ganan por debajo de 35 mil pesos, la irritación popular proviene también de sectores de menores ingresos, principalmente porque también se prevé un incremento del GLP, un combustible de alto consumo doméstico.

Ante el descontento popular, que ha crecido de día en día a raíz de que se dieran a conocer los datos del nuevo presupuesto, Abinader convocó de urgencia un consejo de gobierno donde anunció que la nueva ley de ingresos y gastos no sería impuesta sino consensuada con la población, pero ni siquiera esa declaración aplacó los ánimos en las redes sociales.

La gente común de la población, pero también algunas conocidas figuras de las comunicaciones han coincidido en sus cuestionamientos, diciendo que en lugar de más impuestos lo que procede es recuperar los multimillonarios fondos sustraídos por los actos de corrupción administrativa.

Aunque ese pedimento se perfila en principio como atendible y está en consonancia con lo que el Partido Revolucionario Moderno enarboló en campaña y al inicio del nuevo gobierno para luchar contra la corrupción y en pro de la transparencia, su materialización en la práctica tendría que pasar por un largo y complicado proceso judicial que aún está en ciernes.

El hecho de que a solo 51 días de gobierno se haya hablado públicamente de convocar a un acto de protesta en la Plaza de la Bandera, escenario principal del reclamo de cambios al final de la gestión del presidente Danilo Medina, ha puesto presión y nerviosismo en esferas gubernamentales.

Sin embargo, hasta ahora el rostro principal visible de llamado a ese acto se limita a Carlos Peña, un pastor evangélico que encabeza un movimiento político a través del cual se postuló como candidato presidencial y habrá que establecer si las innumerables quejas por los impuestos a través de las redes han tenido algún grado de adhesión a su convocatoria.

La irritación popular ha tenido también como detonante el hecho de que los impuestos se dieron a conocer en momentos en que el Gobierno informó de nuevos nombramientos en puestos consulares a parientes y allegados cercanos a destacados funcionarios.

Muchos de los que protestan entienden que el Gobierno debe dejar sin efecto los impuestos y que en su lugar, utilizar otras fuentes de captación de recursos o financiamiento, entre ellas los RD$96,161. millones que recibirá por la venta de activos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas y de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales el próximo año.

Ni siquiera la promesa de Abinader de que los nuevos impuestos serían transitorios han logrado calmar los ánimos, especialmente porque los antecedentes en esa materia en el país refieren que los gravámenes aplicados de manera provisional terminan casi siempre siendo definitivos y hasta con mayores tasas que las fijadas en sus inicios.

Cuando el Gobierno anunció el monto del presupuesto de 2021, por más de un billón de pesos, aplicando la fórmula estadounidense de que equivale a mil millones, a diferencia del esquema que se enseña en las escuelas dominicanas, todo parecía un gran despliegue publicitario aún en medio de la crisis económica generada por la pandemia.

Empero, con el paso de los días, todo se ha convertido en un serio dolor de cabeza para la nueva administración y también un reto para los legisladores que responden al PRM, ya que las dos principales fuerzas de oposición en el Congreso, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo ya han adelantado que se oponen a los impuestos.

Además del doble sueldo, que ha estado exento del pago de impuestos desde su origen, con el nuevo presupuesto se pretenden aplicar más impuestos a las operaciones en dólares con tarjetas de crédito y a las transferencias en moneda extranjera.

En su pretensión de generar recaudaciones por valor de RD$21,676.4 millones, el Gobierno se propone además gravar las compras y los activos financieros, lo que tendría un impacto en el mundo económico nacional, afectando medularmente a la clase media.