Ministerio Público solicita 18 meses de prisión contra 21 de los implicados en el caso Falcón
Además, solicita que se declare complejo el caso por narcotráfico y blanqueo de capitales.
Además, solicita que se declare complejo el caso por narcotráfico y blanqueo de capitales.
El Ministerio Público depositó la solicitud de una medida de coerción contra los involucrados en la presunta red de narcotráfico y lavado de activos, que incluye al director suspendido de Comunidad Digna, Juan Maldonado.
Las autoridades judiciales piden 18 meses de prisión contra 21 de los 27 detenidos y que el caso sea declarado complejo por el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, ciudad desde donde operaba la presunta red.
El Ministerio Público solicita 18 meses contra María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y / o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y / o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y / o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (Dominicana-Venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También para José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Los imputados se encuentran ingresados en la cárcel del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez de Santiago.
El expediente acusatorio fue elaborado por la fiscal general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y un equipo de 60 fiscales.
En el operativo también participaron más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como agentes de la DEA.
Los imputados fueron detenidos durante operativos realizados en diferentes puntos del país.
En las redadas las autoridades se han incautado de decenas de bienes muebles e inmuebles, entre ellos gasolineras, vehículos de alta gama y relojes de lujo.
El tribunal no ha fijado el tiempo que se conocerá como la solicitud de una medida de coerción.