Varios legisladores están vinculados a una red desmantelada con Operación Falcón
La subprocuradora general Yeni Berenice Reynoso asegura que el Ministerio Público tiene pruebas irrefutables en contra de los involucrados
La subprocuradora general Yeni Berenice Reynoso asegura que el Ministerio Público tiene pruebas irrefutables en contra de los involucrados
La procuradora de la Justicia, Yeni Berenice Reynoso, informó este domingo que varios legisladores están vinculados a la supuesta red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón.
Agregó que este lunes 13 el Ministerio Público solicitará a la Corte Suprema de Justicia (SCJ) la designación de un juez especial para controlar el proceso en contra de los congresistas, por su jurisdicción privilegiada.
Reynoso, quien encabezó el equipo de litigio junto al fiscal de esta jurisdicción, Osvaldo Bonilla Hiraldo, y la procuradora del tribunal, Luisa Liranzo, describió que el Ministerio Público informará puntualmente a la sociedad los nombres de los legisladores presuntamente involucrados una vez que se solicite el nombramiento. desde el juez de instrucción hasta la Corte Suprema de Justicia.
“En este proceso, y los lineamientos seguidos por el Ministerio Público bajo la instrucción de la magistrada Miriam Germán, todo aquel que tenga responsabilidad, que se demuestre con pruebas, será procesado y procesado”, resaltó en un comunicado de prensa. enviado por la Procuraduría General de la República.
El responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público recordó, según el documento, que desde que comenzó el Operativo Falcón, el pasado martes 7 de septiembre, luego de meses de investigación, los equipos de fiscales, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. (DNCD) y otras agencias de seguridad del Estado dominicano siguen en las calles, las 24 horas del día, “realizando decenas de allanamientos y más operativos investigativos sobre este proceso”, dijo un comunicado de prensa. .
La fiscal Bonilla Hiraldo destacó que la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ordenó el aplazamiento de la audiencia de la medida de coacción contra 21 de los imputados en la red criminal para el próximo viernes 17 de este mes, a las 10: 00 de la mañana.
“La defensa ha reconocido la complejidad del proceso que el Ministerio Público ha presentado ante el tribunal. Necesita tiempo y espacio para trabajar en su defensa técnica y material, que el Ministerio Público entiende ”, declaró.
El Ministerio Público “seguirá trabajando el caso en todas las líneas de investigación que surgen cada día”, reafirmó la Fiscalía de Santiago a los periodistas que se acercaron al equipo de fiscales cuando salieron de la audiencia este domingo.
Además de Reynoso, Bonilla Hiraldo y Liranzo, acudieron a la audiencia los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García y Enmanuel Ramírez.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público destacó que se trata de una investigación compleja, como atestiguan los cientos de pruebas presentadas ante el tribunal, en las que los fiscales llevan mucho tiempo y que “se fundamenta en pruebas que son irrefutables”. ”
Explicó que cientos de miles de páginas de pruebas recolectadas durante la investigación que dio lugar a la Operación Falcón, que debe quedar registrada en la historia de República Dominicana como uno de los golpes más extensos en su contra, fueron entregadas a la corte, incluso en formato electrónico. formato. crimen organizado.
Reynoso destacó que los fiscales tienen bajo custodia una serie de bienes de todo tipo y que han estado involucrados en el operativo contra la estructura del crimen organizado que tenía a la ciudad de Santiago como centro de operaciones, pero que tuvo ramificaciones en varios puntos de el país, además de tener conexiones con Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea.
En el operativo Falcón participan más de 60 fiscales, así como más de 200 agentes de la DNCD, bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
En el curso de las investigaciones se han realizado más de 100 allanamientos, durante los cuales se han incautado más de cien vehículos de motor, más de cuatro millones de dólares, inmuebles y gasolineras.
Investigaciones del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba antes de 2012 y que existe evidencia de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones. Entre República Dominicana y Puerto Rico se incautaron al menos 8.500 kilos de cocaína, lo que demuestra el clima de impunidad en el que llevaron a cabo sus operativos criminales, señala la nota.
Según estimaciones de autoridades nacionales e internacionales, los integrantes de la organización lavaron grandes sumas de dinero dentro de una red criminal en la que traficaron cientos de miles de kilos de droga hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares. producto de esa actividad criminal.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público descripción que los presuntos involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico.
Los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento .
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
La red criminal tenía su base de operación en la provincia Santiago con ramificaciones en la región este del país. Sus integrantes, según se ha determinado durante las indagatorias, portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.
Para el desmantelamiento de la red criminal, que traficó con toneladas de cocaína y que lavó al menos 10 mil millones de pesos, las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargas de drogas provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos al territorio continental de Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.