Jueces decretan el abandono de abogado de sargento implicado en el caso Coral

Se fijó la próxima audiencia del caso para el 29 de noviembre

Se fijó la próxima audiencia del caso para el 29 de noviembre

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Los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decretaron el abandono de los abogados que defendían un recurso de apelación presentado por el sargento de la Armada Alejandro Montero, uno de los implicados en el caso de corrupción desarticulado con la Operación Coral.

El tribunal, integrado por los magistrados Dorys Pujols, Carmen Mancebo y Rafael Báez, decretó el abandono a solicitud del Ministerio Público, debido a que su abogado José Francisco Aquino no se presentó a varias audiencias de la apelación. Fijaron para el próximo 29 de noviembre la nueva audiencia, día en que el imputado debe presentarse con un representante legal o ser asistido por la Defensoría Pública.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó como incomprensible y reprochable la actitud procesal de la defensa del imputado. Expresó que son ellos quienes presentaron el recurso sin asistir al tribunal a defender su postura.

“Por eso, nosotros, en el día de hoy hemos solicitado al tribunal que decrete el abandono de esa defensa para que esta persona sea asistida por otro defensor de su elección o por la Defensa Pública y el tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público”, dijo Camacho.

Excusas del abogado

El tribunal recordó que el pasado lunes el abogado presentó un certificado médico en el que indicaba que debía someterse a una prueba para la detección de COVID-19, por lo que decidió suspender la audiencia ante sus alegatos de sospecha de estar afectado por el virus.

No obstante, este miércoles el abogado presentó otros documentos con un parte médico que establece que debe guardar distanciamiento por diez días ante una sospecha de COVID-19, basado en una prueba rápida que se realizó el mismo día de la audiencia de la corte, el miércoles 17 noviembre, pese a que se le habían otorgado dos días para realizarse el estudio.

El sargento Montero Cruz está preso a 18 meses de prisión preventiva. En esa situación está el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.

En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.

El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina, dice la Procuraduría. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

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