Jueza Kenya Romero sigue adelante con el conocimiento del caso Operación Coral 5G
La defensa del general De los Santos Viola volvió a recusar a la magistrada en la coerción
La defensa del general De los Santos Viola volvió a recusar a la magistrada en la coerción
Los incidentes planteados por los abogados del general Julio de los Santos Viola no lograron impedir que la magistrada Kenya Romero iniciara ayer el conocimiento de la medida de coerción a los altos oficiales de los cuerpos castrenses implicados en la red de corrupción desmontada en la Operación Coral 5G.
El abogado Julio Cury, representante del general De los Santos Viola, solicitó a la magistrada inhibirse del proceso hasta que la Corte de Apelación decidiera una querella penal que depositaron en contra de ella. Sin embargo, la jueza rechazó la inhibición y ordenó continuar con la audiencia, momento que aprovechó la defensa para recusar por segunda vez a la juzgadora.
Esta acción generó la oposición de los abogados de los demás imputados en el proceso, quienes solicitaron que le conozcan la medida de coerción aparte al general De los Santos Viola, como una salida para que su proceso pudiera avanzar.
La magistrada acogió esta solicitud y ordenó separar la coerción del general De los Santos Viola y continuó con la coerción contra los restantes imputados del expediente Coral 5G.
Los abogados defensores que se opusieron a la recusación argumentaron que sus clientes tienen derecho a que su proceso se conozca en un plazo razonable.
Se recuerda que el martes pasado la Corte de Apelación había ratificado a Kenya Romero para el caso Coral 5G, luego de que fuera recusada en una primera ocasión por el mismo general que consideraba la jueza estaba contaminada, debido a que fue la que emitió las ordenes de arresto y allanamientos de este caso.
Las imputaciones
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los generales de las instituciones castrenses apresados en la Operación Coral 5G, crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones militares para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Además, establece el expediente que asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), y otras instituciones estatales.
Otra de las características de la red, de acuerdo con el expediente, es que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
“La investigación realizada por el Ministerio Público hasta el momento, ha demostrado que esta red criminal ha estado haciendo maniobras para distraer los bienes adquiridos producto de los delitos imputados, sobre todos los bienes inmuebles, así como la ocultación de pruebas relevantes para la investigación, por igual ha estado haciendo maniobras para que informaciones relevantes no lleguen a las manos del Ministerio Público, por igual ha intimidado a testigos para que no declaren, bajo el argumento: ‘No se metan con los guardias’”, indica el expediente.
Los imputados
Por el caso Coral 5G está sometido un grupo de altos oficiales entre los que figuran los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como el capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
La coerción
Los presentantes de la Procuraduría están solicitando que a los imputados se les impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo. Mientras que los abogados han dicho que sus clientes son inocentes y solicitan la libertad pura y simple.
Jueza calendarizó el proceso
Luego de superado el tema de la segunda recusación y decidida la continuación del proceso contra los demás involucrados en el expediente, la magistrada Romero decidió dividir las audiencias para acelerar el proceso. Por eso la de este miércoles concluyó luego de las 7:00 de la noche. Este jueves será de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche y el viernes será de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Ayer viernes, se leyeron 72 páginas del expediente de más de 600 que tiene el Ministerio Público para sustentar la acusación contra los altos militares involucrados en la operación Coral 5G.
Yeni denuncia campaña para desacreditar lucha del MP
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, denunció ayer que funcionarios sometidos por corrupción, sus defensas y otras personas, han iniciado una campaña difamatoria contra la Procuraduría, la Cámara de Cuentas y la judicatura nacional para desacreditar la lucha contra la impunidad.
La procuradora adjunta, y directora de Persecución del Ministerio Público, aseguró que los que atacan las acciones de la Procuraduría han comenzado a ver que “el clima de impunidad histórico al que se acostumbraron ya no existe” y, en consecuencia, “han desatado, organizadamente, una campaña contra aquellas instituciones y órganos como la Cámara de Cuentas, la judicatura nacional y el Ministerio Público”.
“Ese clima no va a seguir existiendo porque no es posible. Esas personas distrajeron miles de millones que cuando salga la acusación Antipulpo se darán cuenta de cómo se recibían los sobornos y todo ese clima de corrupción e impunidad que impactó la seguridad ciudadana a través de la Policía y los hospitales principales del país”, refirió Yeni Berenice Reynoso.
Advirtió a los adversarios que no van a lograr el objetivo de que se detengan las investigaciones del Ministerio Público sobre los casos de corrupción.
El Ministerio Público lleva actualmente una serie de investigaciones contra la corrupción estatal que ha llevado a la cárcel a exfuncionarios de alta categoría como un exprocurador general de la República, un mayor general activo y otros generales de los cuerpos castrenses, además de exfuncionarios de primera línea del gobierno de Danilo Medina.
Depositan más pruebas contra Jean Alain
El Ministerio Público depositó ayer nuevas pruebas que alegadamente comprometen la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez y los demás imputados en la red de corrupción que supuestamente funcionaba desde la Procuraduría General de la República (PGR) y desmontado en la Operación Medusa.
Las nuevas pruebas depositadas no habían sido notificadas por el Ministerio Público a las defensas de los imputados en el caso Medusa, quienes solicitaron en audiencia que se les entreguen para conocerlas y hacer su defensa.
La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, no se opuso a que el tribunal le notificara las pruebas y el tribunal dispuso el aplazamiento de la audiencia para esos fines.
La jueza Yanibet Rivas, quien lleva el proceso, fijó la revisión de la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez y Javier Forteza Ibarra para el lunes 20 de diciembre.
De acuerdo con el expediente, la red Medusa estafó al Estado con más de RD$6,000 millones.
Además de Jean Alain, en el caso están implicados José Moya, Rafael Mercedes Marte, Alfredo Solano Augusto, Rafael Canó Sacco, Javier Forteza Ibarra, Jonnathan Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado. En el caso de Canó Sacco, se encuentra detenido en España.