PLD se defiende de imputaciones corrupción; dice no se quedará de brazos cruzados

Cerca de 40 personas vinculadas al pasado gobierno figuran en expedientes

Cerca de 40 personas vinculadas al pasado gobierno figuran en expedientes

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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se defiende Con cerca de 40 personas, entre exfuncionarios, militares y allegados en los tribunales, y con auditorías e investigaciones especiales en ejecución a cargo de la Cámara de Cuentas, que podría aumentar la lista de imputados,

La organización política que preside el exmandatario Danilo Medina, asegura que muchas de las acciones tienen como única meta perseguir y desacreditar la gestión peledeísta, especialmente los últimos 8 años.

“El Partido de la Liberación Dominicana no se quedará de brazos cruzados mientras las instituciones del Estado siguen siendo utilizadas de forma arbitraria como arma política que debilita los fundamentos del sistema social y democrático de derecho”, advirtió Charles Mariotti, secretario general del PLD.

Recalcó que el gobierno quiere hacer política desde los tribunales y que lo enfrentaran.

El vocero del bloque de senadores del partido, Yván Lorenzo, cuestionó la forma en qué se filtran los expedientes de acusación e informes preliminares de auditorías a los medios de comunicación en contra de los investigados por supuestos actos de corrupción administrativa.

“Yo soñaba con que esta Cámara de Cuentas iba a ser un instrumento para la lucha seria en contra de la corrupción administrativa”, se lamentó.

El legislador resaltó que el gobierno del PRM ha sembrado el odio en el ejercicio de la política dominicana en su afán desesperado de frenar el descalabro de su popularidad.

Mientras Julio César Valentín, secretario de Asuntos Internacionales del PLD, consideró que utilizar la lucha contra la corrupción como un instrumento para aniquilar a partidos políticos y justificar acusaciones, no debidamente sustentadas, es un camino poco aconsejable para la democracia dominicana.

“El Ministerio Público tiene perfecto derecho a pedir una auditoría a una institución determinada y en perfecto derecho. Ahora hay que otorgarle el tiempo de reparo a las personas que han sido investigadas, a los titulares de las instituciones, porque, de lo contrario, no hay un principio de contradicción si están violentando principios fundamentales de los procesos y de la democracia”, apuntó.

Las posiciones de los peledeístas se registran a raíz de unas seis auditorías e investigaciones especiales dadas a conocer por la Cámara de Cuentas, las que se suman a otros expedientes que han sido procesados en los tribunales.

Con casos en los tribunales

Entre algunos de los casos que se ventilan en los tribunales contra exfuncionarios, se encuentra la denominada Operación Antipulpo que involucra a los hermanos del expresidente Danilo Medina; Magaly y Alexis Medina Sánchez junto a un grupo de personas. Magaly está en libertad condicional y Alexis en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.

Conforme al expediente Alexis Medina creó un entramado de empresas a través de las que se beneficiaba irregularmente con contratos millonarios estatales.

También está la Operación Coral que encabeza al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la gestión de Medina. Junto a un grupo se le atribuye estafar al Estado con más de RD$3 mil millones, a través de un esquema que según el Ministerio Público, era nombrar en la nómina policías y militares de manera irregular, con salarios de RD$20 mil y RD$70 mil, con la condición de devolver entre el 80 y el 90 % de lo cobrado cada mes.

A ellos se suma la Operación Coral 5G que involucra al general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entre otros, en la misma práctica.

De igual modo está la Operación Medusa cuyo expediente tiene como actor principal al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a cercanos colaboradores imputados de estafar al Estado dominicano con más de RD$6,000 millones a través de una supuesta red criminal que operaba en la Procuraduría General de la República.

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