Someten instancia ante el Tribunal Constitucional para evitar cierre de plataforma judicial

Abogados piden opinión consultiva de la sentencia TC/0286/21

Abogados piden opinión consultiva de la sentencia TC/0286/21

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Un grupo de abogados sometió el viernes una instancia ante el Tribunal Constitucional, solicitando una opinión consultiva sobre el alcance de la sentencia TC/0286/21 que declaró inconstitucionales las audiencias virtuales, pero que también provocaría la clausura de la plataforma Servicios Judiciales, mediante la cual también se solicitan documentos y registros dentro del sistema.

“El cierre de los servicios digitales del Poder Judicial representaría un retroceso, una medida incompatible con el principio de accesabilidad de los servicios públicos y con el derecho fundamental a la buena administración, dificultando, por vía de consecuencia, el derecho al acceso a la justicia, en desconocimiento de los principios de optimización y favorabilidad que rigen la aplicación de las normas relativas a los derechos fundamentales”, expresaron los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Ricardo Rojas León y Ramón Emilio Núñez en su instancia a los jueces del Tribunal Constitucional.

La sentencia TC/0286/21 ordenó la clausura de la plataforma para el 11 de diciembre.

Sin embargo, los letrados consideran en el documento de cuatro páginas que la intención de los jueces del tribunal, al momento de declarar la inconstitucionalidad de las audiencias virtuales no era la de cerrar la plataforma de servicios.

“La sentencia establece claramente la inconstitucionalidad de las audiencias virtuales y la firma electrónica en actos jurisdiccionales, pero no es tan específica ni concreta en cuanto a la plataforma digital del Servicio Judicial y el acceso voluntario a esta modalidad de servicio”, señalaron.

Esto, entienden, ha provocado confusión en la comunidad jurídica dominicana.

Servicios ofrecidos

La plataforma Servicio Judicial permite a los abogados la fijación de audiencias, solicitud de expedientes, sentencias, certificación de documentos y depósitos de todo tipo de documentos sin la necesidad de asistir presencialmente a un tribunal. Fue habilitada al inicio de la pandemia para agilizar los procesos. Por esa razón, solicitan los abogados que sometieron la instancia, que el Tribunal Constitucional emita una opinión consultiva para determinar si en la sentencia debe clausurarse la plataforma digital o si por el contrario puede seguir siendo utilizada como parte de las iniciativas de facilitar el acceso a los servicios vía la tecnología.

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