Finjus recuerda a ADP que tribunales han fallado en su contra por llamar a no asistir a clases

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus), cuestionó la situación creada como consecuencia de la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de llamar a sus miembros a no asistir a las aulas bajo el argumento de que la crisis sanitaria creada por la pandemia del COVID-19 pondría en peligro la salud de maestros…

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La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus), cuestionó la situación creada como consecuencia de la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de llamar a sus miembros a no asistir a las aulas bajo el argumento de que la crisis sanitaria creada por la pandemia del COVID-19 pondría en peligro la salud de maestros y estudiantes.

Finjus recordó a la ADP que ya los tribunales han fallado en su contra por afectar el derecho constitucional a la enseñanza.

La entidad afirma que a diversos sectores de la sociedad dominicana les preocupa “que la ADP se arrogue una función institucional que no le corresponde, al desconocer las decisiones de los órganos e instituciones que por mandato constitucional y legal están llamados a regular y adoptar las medidas que se requieran para asegurar el normal funcionamiento de la vida nacional”.

“Desconociendo los llamados de las autoridades educativas, de la salud y de amplias capas sociales, la ADP reitera una conducta que en ocasiones anteriores ya ha sido sancionada por los tribunales de la República, que es la de afectar el derecho a la educación de niños y adolescentes dominicanos por adoptar decisiones al margen de los mecanismos  previstos por las leyes”, indica la Finjus.

Se recuerda que en el 2017, la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona, ordenó a la ADP de esa provincia levantar en lo inmediato la suspensión de la docencia que empezó el 16 de enero del 2017 y a convocar a la clase magisterial e integrarse a su labor docente en los distintos centros educativos que le son vinculados.

Igualmente les impuso el pago de un astreinte de RD$50,000 a la seccional de Barahona de la ADP por cada día que incumpliera en levantar el paro de docencia. En su sentencia el tribunal argumentó que el conflicto “que los ha llevado a la huelga es entre el gremio y el Ministerio de Educación, y los estudiantes no deben ser un medio para solucionarlo. La sentencia fue luego confirmada por el Tribunal Constitucional en el 2019.

Cuestiona que sea el único sector que se resista retornar a normalidad

En su comunicado de este domingo, la Finjus cuestiona que la Asociación de Profesores sea “el único sector” que se resista a la vuelta hacia la normalidad cuando “otros sectores de naturaleza similar lo han hecho en las actuales circunstancias, adoptando las necesarias medidas de prevención”.

“De acuerdo a los datos oficiales, el sector magisterial ha sido privilegiado en los programas de vacunación y en la implementación de los protocolos sanitarios de lugar. Por tanto, no resulta razonable, desde una perspectiva colectiva e intergeneracional, adoptar las medidas que ha puesto en práctica la ADP, cuyo impacto desfavorable gravitará sobre la educación dominicana”, agrega la Fundación Institucionalidad y Justicia.

La Finjus dice que “desde el punto de vista del tejido productivo nacional, el llamado a que los profesores no se presenten a sus labores en las escuelas genera mucha incertidumbre y, por tanto, podría afectar el desarrollo económico del país”.

La Finjus reiteró su exhortación a la ADP “para que sus actuaciones se adopten en un marco de legalidad, razonabilidad y prudencia, colocando   los mejores intereses nacionales por encima de cualquier consideración particular.

La ADP – continúa el comunicado -y el conjunto del magisterio nacional deben ser actores de primera línea para garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución dominicana, promoviendo una educación de calidad, integral, permanente y en igualdad de condiciones”.

Dijo confiar en que el gremio reconsiderará su postura y dará los pasos necesarios para retomar la coordinación con las autoridades educativas y sanitarias, para adoptar las medidas de prevención que garanticen la salud de los docentes y estudiantes y sus familias, y llame a la reanudación de la docencia.

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