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Las cámaras en La Victoria estaban a simple vista pero no sabían que las controlaban los presos

La investigación determinó que un preso de 32 años era quien tenía control de las cámaras

La investigación determinó que un preso de 32 años era quien tenía control de las cámaras

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La directora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Patricia Lagombra, reveló este jueves que en la prisión La Victoria las 89 cámaras de seguridad que se encontraban en el centro estaban controladas por un privado de libertad de 32 años, experto en tecnología.

Aunque no precisó su nombre, reveló que esa persona será sometida a la justicia.

El hombre de 32 años tenía control visual de la cárcel que incluía áreas sensibles de La Victoria, incluyendo la entrada al centro y las áreas comunes de las áreas administrativas. “Las cámaras estaban ubicadas en la entrada, la parte de registro, en las áreas comunes de las áreas administrativas, en los pasillos. Estaban bien instaladas”, dijo.

Lagombra, con más de un año como directora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, reconoció que las cámaras de seguridad estaban a simple vista desde que ella comenzó en su gestión y que las veía, pero ni se imaginaba que era observada por los presos.

“Yo tengo en el cargo cierto tiempo y siempre veíamos las cámaras y la seguridad también tenía control de dichas cámaras; pero con esas requisas es que determinamos que quienes tenían control realmente de dichas cámaras eran los privados de libertad”, sentenció.

Con la requisa determinamos que quienes controlaban las cámaras realmente eran los privados de libertad”, dijo Lagombra en entrevista al programa El Día.

Otro tema investigar es cómo los reos lograron extender un cable de fibra óptica que se extendía desde Sabana Perdida hasta la cárcel y que brindaba internet a los presos, al barrio colindante a La Victoria y a Sabana Perdida.

Lagombra reveló que las investigaciones para determinar cómo y quiénes permitieron que en esa cárcel popularan los negocios de drogas, internet y cigarrillos están en manos de la Procuraduría General de la República.

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