Santiago pide Estado garantice seguridad, salud, educación
Además, demandan que provea la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres
La implementación de políticas públicas que garanticen seguridad, salud, educación y equidad de género, son parte de las solicitudes que les hacen a los gobiernos central y municipales representantes de diversas organizaciones sociales y comunitarias de la provincia de Santiago.
Además, demandan que el Estado dominicano provea la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y promover una juventud empoderada y participativa.
Asimismo, proponen al Gobierno Central implementar una adecuada gestión en prevención, mitigación y respuesta del riesgo a escala territorial; integrar iniciativas locales orientadas a garantizar mayores niveles de habitabilidad y vivienda; incorporar iniciativas articuladas para salvaguardar el medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático y garantizar el acceso al agua y niveles adecuados de saneamiento básico.
La solicitud fue planteada en rueda de prensa tras la celebración del Congreso de Organizaciones Comunitarias: “Por políticas públicas equitativas, inclusivas y resilientes” fue desarrollado como parte de las acciones ejecutadas en el marco del proyecto “Economía resiliente con justicia de género en República Dominicana: Intervenciones para la incidencia” iniciativa que ejecutan Fundación Solidaridad, Fundación Friedrich Ebert (FES), Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD) y el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, y tiene como territorios priorizados a la provincia Santiago y el Distrito Nacional.
En el evento participaron líderes de organizaciones sociales y comunitarios de desarrollo, de mujeres, de jóvenes, medioambientales, iglesias y juntas de vecinos de los municipios de Santiago de los Caballeros, Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Baitoa, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas, Villa Bisonó y Villa González.
Consideraron que es responsabilidad de los gobiernos central y locales promover la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar el fortalecimiento de las entidades de la sociedad civil organizada, promoviendo el reconocimiento de los derechos de las organizaciones sociales, el apoyo institucional para realizar actividades de creación de capacidades eficaces en los ámbitos de la organización, el desarrollo, la resiliencia y la comunicación.
Además, abogaron por la implementación de iniciativas que promuevan la veeduría ciudadana, la transparencia, la gestión de acciones coordinadas en cada territorio y la vinculación del tejido social en el proceso de toma de decisiones a escala local, regional y nacional.
Explicaron que para el Estado garantizar servicios de salud y educación de calidad es necesario contemplar entre sus políticas aquellas dirigidas a la salud preventiva y que las entidades públicas implementen acciones orientadas a lograr que la cobertura sanitaria y educativa sea universal, al tiempo en que la población tenga el derecho de acceder a servicios de salud esenciales y a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y gratuitos y seguro médico para personas adultas y pensionadas.
Asegurar, además, la formación técnica, profesional y superior de calidad y la formación orientada a la atención de personas con capacidades especiales, lo que incluye la enseñanza igualitaria, la adecuación de instalaciones educativas a las necesidades de niños/as y de personas con discapacidad, ofreciendo entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
En cuanto al desarrollo de la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, entienden que el Estado debe garantizar la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres, incluyendo el cumplimiento de los mecanismos jurisdiccionales que sancionen las distintas formas de violencia contra la mujer y la eliminación de la violencia contra las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual.
Asimismo, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, así como la masculinidad positiva.