Sociedad civil pide nueva ley sobre trata de personas

El Gobierno identificó en 2020 a 83 personas víctimas del delito en 2020

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Organizaciones de la sociedad civil urgieron este miércoles sobre la necesidad de que en la República Dominicana exista una ley actualizada sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que no solo se enfoque en la persecución y que incluya un importante capítulo sobre la prevención del delito.

Joseph Abreu, coordinador de Participación Ciudadana, habló sobre la normalización en la sociedad dominicana de las diferentes modalidades en la que se presenta la trata de personas lo que afecta la prevención, detección y persecución del delito.

Abreu apuntó que la normalización se debe al desconocimiento sobre las formas en que se manifiesta el delito. “Queremos llevar a la sociedad el mal que representa estos delitos”, expresó Abreu en un encuentro con los medios de comunicación para debatir sobre el tema.

En la República Dominicana existe la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y se trabaja en una modificación a la legislación que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), como presidente de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim).

La Cancillería informó en abril pasado que el anteproyecto fue presentado a las 17 instituciones públicas que integran la Citim, a los representantes de la sociedad civil y organismos internacionales. El borrador contempla condenas para los delitos aun cuando se comentan en modalidad o con herramientas virtuales.

Otra novedad es una descripción ampliada y detallada de los tipos penales y sus sanciones como el matrimonio o unión forzada, embarazo forzado, explotación sexual, esclavitud sexual, matrimonio o unión servil, adopción irregular, tráfico de órganos, entre otros.

José Monteiro, coordinador de la Colación de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas, aseguró que en el país se realiza poco para combatir el delito. Monteiro criticó la falta de inversión para las investigaciones científicas relacionadas a la trata de personas y destacó las llevadas a cabo por la sociedad civil.

“Mientras estamos hablando, mientras estamos revisando textos, mientras esperamos la burocracia del Gobierno, las muchachas permanecen en sufrimiento en el país y esa es nuestra preocupación”, expresó Monteiro, quien también es el director en el país de Misión Internacional de Justicia, IJM, por sus siglas en inglés IJM.

Las estadísticas

El Gobierno de la República Dominicana identificó en 2020 a 83 personas víctimas de trata de personas: 42 adultas y 41 menores de edad. La modalidad de explotación sexual fue la más presente en ambas poblaciones.

“Las mujeres dominicanas víctimas con fines de explotación sexual fueron 22, otras de nacionalidad venezolana fueron 16 y de nacionalidad colombiana 4”, reseñó el último informe sobre el delito que se elaboró.

Las víctimas menores de edad que fueron explotadas sexualmente sumaron 28, de las cuales una fue de nacionalidad haitiana y 27 dominicanas. “Las víctimas por trabajo forzado fueron 13 en total, correspondiente a 6 de nacionalidad haitiana y 7 de nacionalidad dominicana”, se describió en el documento.

La modificación de la Ley 137-03 fue una de las recomendaciones de Estados Unidos en su informe anual de 2021 sobre el tema, en el que volvió a situar a la República Dominicana en el nivel 2, que significa que no se cumplieron con las normas mínimas, pero se hacen esfuerzos para alcanzarlas.

El país norteamericano exhortó que se revise la ley para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de trata sexual menores de 18 años; a investigar, procesar y condenar enérgicamente a los traficantes implicados en el trabajo forzado y el tráfico sexual y aplicar las sentencias apropiadas.

Además, se recomendó proporcionar recursos humanos y financieros adecuados y formación a las fuerzas de orden público, los fiscales y los jueces para luchar contra la trata, especialmente en las zonas situadas fuera de Santo Domingo.

“La Ley 137, que tenemos actual, su enfoque predominante es la persecución, y nosotros queremos que haya un equilibrio en cuanto a la prevención, protección y persecución”, expresó Raysi Marte, abogada de IJM, quien habló sobre la importancia de que la nueva ley contemple capacitaciones en la sociedad para que las personas conozcan y actúen sobre la trata de personas.

Medios apoyan

En el encuentro, Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), llamó a los medios a visibilizar las denuncias que reciben sobre los delitos de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. “Apoyamos esta campaña que se inicia y fortalece desde hoy para que los periodistas tomen conciencia”, comentó Henríquez.

Mario Lara, de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (Sodomedi), señaló la necesidad de que, además del financiamiento que se necesita para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, haya voluntad de las autoridades para enfrentarlos. “Los actores deben asumir su rol”, apuntó Lara.

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