MP señala cómo se utilizaron las instalaciones y las direcciones institucionales de la PGR para campañas políticas

 El Ministerio Público en el expediente acusatorio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez señala que varios de los acusados que están presentes en la estructura criminal utilizaban las direcciones internas y recursos de la Procuraduría General de La República (PGR), para actividades políticas. La acusación que pesa contra Rodríguez y sustentada en un documento de

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 El Ministerio Público en el expediente acusatorio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez señala que varios de los acusados que están presentes en la estructura criminal utilizaban las direcciones internas y recursos de la Procuraduría General de La República (PGR), para actividades políticas.

La acusación que pesa contra Rodríguez y sustentada en un documento de más de 12 mil páginas establece “la participación de los acusados en el presente proceso, el funcionamiento de una estructura criminal que operaba en la PGR durante la gestión del exprocurador”.

“El funcionamiento de esta estructura utilizaba la Dirección de Coordinación Institucional, de las coordinaciones de fiscalías, del equipo político, quienes lo componían, del Movimiento Renovación, de las personas que lo integraban, de los enlaces comunitarios, de las personas empleadas a solicitud de los enlaces comunitarios, de los distintos usos que se le daba a los recursos de la PGR, del dinero utilizado para actividades políticas, los orígenes de los recursos de esas actividades, de las reuniones políticas realizadas en la sede de la Procuraduría, del equipo de digitación y Call Center, los equipos y que los utensilios de la PGR eran utilizados para actividades políticas y otros fines”.

El expediente señala la creación y desarrollo del Proyecto República Digital y toda la finalidad del mismo, las personas que lo componían, y que manejaban movimientos políticos donde participaron empleados de la procuraduría en actividades de índole políticas.

El Ministerio Publicó en el expediente acusa a Rodríguez de realizar “concursos amañados” y de seleccionar a los beneficiarios de esos concursos.

También se le acusa del borrado de información, tanto en la Procuraduría General de la República durante su gestión, como del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana (CEI-RD).

El órgano acusador establece que Rodríguez utilizaba a persona a las cuales les encargaba “la destrucción de las informaciones digitales y documentales, de la entrega de dinero en sobornos, el proceso de la entrega de dinero” entre otros puntos.

El Ministerio Publico logró probar la participación del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, en estos hechos de “los sobornos recibidos, de los procesos y logísticas utilizados por este para la entrega de dinero, para actividades políticas; la participación del acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, los sobornos recibidos, el dinero recibido, quien se lo entregó, las funciones de este en la estructura criminal”.

También señala cómo participaron Altagracia Guillen Calzado, Alfredo Alexander Solano Augusto, Johannatan Loanders Medina Reyes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña, Rafael Stefano Canó Sacco y Miguel José Moya en la estructura criminal.

También, la participación de estos en las actividades políticas, lo que hacían, los sobornos que recibían y la participación en los procesos de licitaciones de la institución, cómo recibían el dinero pagado en sobornos, a quién se le entregaba, la persona que les ordenaba hacer eso y la modalidad empleada para ello.

Asimismo, se establece en el expediente cómo se involucra la empresa Individuo & Organización /DIO en esta red, cómo llega a la PGR el dinero recibido, la simulación por los servicios no prestados, a quién sirvió, al igual que la participación del Comité de Compras y Contrataciones en la estructura criminal y quienes lo integraban.

Se detalla, de igual manera, que los miembros de ese comité no se reunían y de cómo se realizaban los procesos de licitaciones y de compras realizados por la institución.

En la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se señala que pudieron comprobar cómo se escogían los oferentes, ganadores, las ofertas y cómo se manejaban estas y el manejo de las actas, al igual que “las ilicitudes que se cometieron en los procesos de compras y contrataciones, el Plan de Humanización y las empresas involucradas en la construcción y el equipamiento utilizado”.

El expediente establece los elementos de prueba que fundamentan la acusación y el proceso de adquisición de equipos antropológicos y de laboratorios y de ADN para usarse en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, los sobornos recibidos y a quiénes se le entregaron, las sobreevaluaciones de equipos, utensilios y obras por la PGR, las remodelaciones de las fiscalías, de las falsificaciones de firmas, la contratación de asesores Españoles por el exprocurador Jean Alaín Rodríguez Sánchez y la verdadera finalidad de esa asesoría.

También las propiedades de los acusados, sus ubicaciones, administradores, los seguros internacionales, los montos pagados, las personas beneficiadas, la participación de todos y cada uno de los acusados, los bienes subastados, cómo y por quiénes eran adquiridos; así como otras informaciones que pudieran ser relevantes para este proceso.

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