Cargos que enfrenta director de casa de acogida de Santiago

Las autoridades rescataron a cinco adolescentes que estaban “hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas”

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El director de un centro de rehabilitación intervenido por el Ministerio Público en esta ciudad podría enfrentar cargos por actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico en perjuicio de menores de edad.

 

Ante la contundencia de los hallazgos y los testimonios de las víctimas, la Fiscalía de Santiago presentó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción, que consiste en prisión preventiva, contra Lorenzo Silverio Almonte o Julián Almonte (El Pastor), director de la casa de acogida denominada Nueva Vida para Jóvenes, ubicada en La Ciénaga, al norte de la ciudad. 

 

Junto a especialistas y fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la Fiscalía allanó el local de la institución, un supuesto centro privado de rehabilitación que estaría enfocado en tratar a adolescentes con problemas de alcoholismo y problemas de conducta.

 

Las autoridades rescataron del lugar a cinco adolescentes que estaban “hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas” y los pusieron bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

 

Tras las correspondientes evaluaciones físicas y psicológicas, el Ministerio Público determinó que los adolescentes, con edades entre 13 y 17 años, eran violados sexualmente por adultos responsables de su cuidado, obligados a ingerir sustancias psicóticas y medicamentos sin prescripción médica, además de que recibían castigos como dormir en el suelo, amarrados con cadenas y mojados.

 

En las labores de investigación y asistencia a las víctimas participan en coordinación la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Policía Nacional. Los detalles forman parte de la investigación, todavía en curso, encabezada por la Fiscalía de la provincia.

 

El Ministerio Público expresó que, ante la contundencia y la gravedad de las imputaciones que pesan sobre Almonte, la prisión preventiva deberá ser la medida de coerción idónea para imponer al investigado, mientras avanzan las pesquisas y se desarrolla el proceso en su contra.

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