Los procesos judiciales más importantes que marcaron el 2022

Entre esos expedientes se destaca el proceso a casi 40 personas por alegada estafa a pensionados en Estados Unidos

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Los tribunales dominicanos continuaron este 2022 abarrotados de acusados que fueron sometidos en voluminosos expedientes por presuntos asuntos de drogas, lavado de activos y por estafas. Los casos se sumaron a los ya iniciados el pasado 2021 y que continuaron su curso en los últimos doce meses.

En Santiago siguieron las audiencias por Operación Falcón, cuya supuesta red fue desmantelada en septiembre de 2021, acusada de por narcotráfico y fortunas creadas por ese negocio ilícito en la que el Ministerio Público señala a 70 personas físicas y jurídicas, incluidos exfuncionarios y tres diputados.

En marzo de este 2022, en Santiago también, una alegada red fue desmantelada a través de la Operación Discovery, que atañe a 39 supuestos ciberdelincuentes, cuyos miembros formaban parte de bandas dominicanas en el extranjero y que, según el Ministerio Público, funcionaban a través de call centers para seleccionar a sus víctimas, nacionales norteamericanos de más de 60 años y pensionados.

A los encartados en Discovery se les acusa de usurpación de identidad, extorsionar sexualmente y de hacerse pasar por agentes del FBI y por ser proveedores de medicamentos. Se habrían enriquecido con más de 100 millones de dólares. Todos los imputados cumplen actualmente diferentes medidas de coerción, ocho de ellos prisión preventiva.

Falcón y Maldonado

Operación Falcón se encuentra en la fase de juicio preliminar. Una de las 31 personas acusadas es el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, destituido luego de ser apresado. Guarda en estos momentos prisión preventiva.

Maldonado Castro está acusado de formar parte de la supuesta red a la que se le atribuye la exportación de miles de kilogramos de drogas hacia Puerto Rico y cuya esposa, la diputada de El Seibo, Faustina Guerrero Cabrera, es una de los tres legisladores que son todavía investigados por el Ministerio Público y a los que no se les ha formulado acusación por el caso. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Los otros dos diputados, junto a Guerrero Cabrera, a los que el Ministerio Público les sigue los pasos por el expediente Falcón son Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago y Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo, Pedernales.

Exdiputada y la Operación FM

Una semana después de los primeros allanamientos por Discovery, el Ministerio Público se destapó con la Operación FM, involucrando a la exdiputada Gladys Azcona (1998 y 2002) y cuyo presunto cabecilla de la trama dedicada al blanqueo de dinero procedente de la droga es el empresario Juan Gabriel Pérez Tejada, hijo del exdirector de Migración en Santiago, Juan Isidro Pérez de la Rosa, también presuntamente implicado en la red y quien está en prisión preventiva. En un principio, además de la exdiputada Azcona y Pérez Tejada y su padre, se detuvo a otras cuatro personas, dos de ellas hijos de la excongresista.

Según el Ministerio Público, en un período de 10 años (2011-2021), la exrepresentante del Distrito Nacional en la Cámara de Diputados movilizó 117.4 millones de pesos en el sistema financiero nacional sin tener un perfil económico que avalara la licitud de los fondos obtenidos. A Azcona, en septiembre, se le varió la prisión preventiva por una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Hace cuatro meses, a la presunta red se le incautó 42 apartamentos, localizados en Santiago y San Francisco de Macorís.

Juicio a dos legisladores

En febrero, la jueza de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo, envió a juicio de fondo al diputado por la provincia Juan Sánchez Ramírez, Sadoky Duarte, acusado de agredir a una agente de la Policía Nacional en Cotuí. En octubre, ocho meses después, fue condenado a tres meses de prisión suspendida por “ultraje y violencia contra la autoridad pública”.

El ultraje y la violencia contra una agente policial y un fiscal se produjo en diciembre del 2020 en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. En su decisión, los jueces Francisco Jerez Mena, Fran Soto y Francisco Ortega impusieron, además, al legislador una multa de 3,500 pesos. También, y aunque fue absuelto por ese alto tribunal, ese mismo mismo mes de octubre, el congresista Gregorio Domínguez Domínguez, de Santiago, estuvo imputado de desalojo ilegal y destrucción de propiedades en Puerto Plata.

Red César el Abusador 

En septiembre, doce acusados en la red del narcotraficante de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, incluida su esposa Marisol Franco, acordaron con la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos de República Dominicana declararse culpables, devolviendo bienes a cambio de penas benignas. Franco fue condenada a dos años de pena suspendida. La acusación involucraba a 15 personas y, según las autoridades, la estructura movilizó aproximadamente 3,500 millones de pesos con el tráfico de droga. Fue desmantelada en agosto de 2019. El cabecilla del grupo, César el Abusador, admitió en noviembre su culpabillidad en Puerto Rico, de traficar hacia los Estados Unidos 450 kilogramos de cocaína, por lo que se enfrenta a una posible condena de 25 años de prisión. El narcotraficante fue extraditado a Puerto Rico desde Colombia en diciembre del 2021.

Al país sudamericano había escapado desde República Dominicana en 2019. Además de Franco, los que llegaron a un arreglo con el Ministerio Público dominicano y validado por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fueron Obispo Feliz Lorenzo, Rafael Reyes, Rafael Jader Jáquez Araújo, alias Jaque Mate; Lidio Peña Mota, Nathanael Castro Cordero, Johanny Paniagua Peña, Heriberto de la Cruz, alias Arias Aqua; Rodolfo Cedeño Ureña y Alan Gilbert Bueno Alcéquiez, alias Alan Dólar.

Expelotero Dotel

Contrario a los demás imputados en la red de César el Abusador, el expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, Sánchez Pérez y Edward Montero Cabral (Zapatazo) rechazaron declararse culpables y decidieron enfrentar los cargos que les hacía el Ministerio Público. El 1 de diciembre, Dotel y Montero fueron favorecidos con “un no ha lugar” por el tribunal. En cambio, a Sánchez Pérez se le envió a juicio de fondo y se le ratificó la medida de coerción, de garantía económica y presentación periódica.

Los Rosario y €13 mil millones que reclaman

Las cientos de personas de apellido Rosario que aseguran heredaron más de 13 mil millones de euros de sus antecesores y que presuntamente permanecen en bóvedas de un banco en Suiza y en España, se amontonaban en los pasillos del Palacio de Justicia cada vez que se conocía una audiencia sobre la estafa de la que alegadamente fueron víctimas 283 de los supuestos sucesores. A quien se señala de ese fraude es al abogado Johnny Portorreal, quien está preso y fue enviado a juicio de fondo por el alegado fraude.

Jueces juzgados

En noviembre, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió al juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, alegando faltas graves en sus funciones y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) abrió una investigación penal en su contra. En ese mismo mes, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló una resolución del CPJ que desvinculó de sus funciones a la jueza Margarita Cristo Cristo y, por ende, ordenó reintegrarla a sus funciones.

Tres golpes al MP y sus críticas a los jueces

El pasado 30 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables al exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) y al empresario Daniel Aquino Hernández de la acusación de recibir 3.5 millones de dólares, supuestamente, para agenciar la compra de los aviones Súper Tucano en 2009. Una semana después, el Ministerio Público (MP) recibió otro golpe. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional también rechazó acoger la acusación del órgano persecutor para que fueran enviados a juicio de fondo los acusados de la alegada venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos y se dictó un “no ha lugar” a favor de todos los imputados. Ambos casos llevaban más de cuatro y cinco años en la justicia.

Tres meses después, se produce el tercer golpe al MP: el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó de toda responsabilidad de corrupción al exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA ), Manuel Rivas. No obstante, se condenó a un año de prisión al gerente financiero de la entidad, Faustino Rosario, mientras que el señalado del asesinato del catedrático Yuniol Ramírez, Argenis Contreras, fue sentenciado a 20 años de prisión. Este dictamen provocó la reacción de la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien dijo, es “increíble cómo la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos”.

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