Servir una “justicia con prontitud”, el reto de RD
Ambos actores del sistema de justicia coinciden que ese es el desafío que tienen por delante
El Poder Judicial y el Ministerio Público coincidieron ayer que el principal desafío que tienen por delante es garantizar a todos los ciudadanos el acceso rápido a los mecanismos legales y los procedimientos judiciales y siempre observando el debido proceso que mandan la Constitución y las leyes.
Al celebrarse el Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, dijo que durante los procesos, “el objetivo no debe ser imponer medidas de coerción, sino servir justicia con prontitud y apego al Estado de Derecho”.
La procuradora general, Miriam Germán Brito, afirmó que, aunque los canales de acceso a la justicia fueron concebidos para garantizar los derechos fundamentales de cada individuo, estos favorecen a las personas con más poder adquisitivo que pueden costear los largos casos.
“No podemos negar que los mecanismos legales y los procedimientos judiciales de nuestro país, aunque concebidos para garantizar los derechos fundamentales a cada individuo por igual se inclinan a facilitar las vías de defensas a los procesados que cuentan con mayores recursos económicos para sustentar un proceso largo”, dijo la magistrada en su mensaje por el Día del Poder Judicial.
El mensaje de Germán Brito fue leído por el procurador adjunto Andrés M. Chalas Velázquez en el Altar de la Patria, en el acto en el que el Ministerio Público depositó una ofrenda floral para rendir homenaje a los padres fundadores de la nación dominicana. La procuradora general asistió a la audienca solemne de la Suprema Corte de Justicia, pero no así a la misa de acción de gracias y a la ofrenda floral.
Llama a unir esfuerzos para disminuir presos preventivos
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial hizo un llamado de sumar esfuerzos “entre todos” para enfrentar la situación de los más de 16,000 presos preventivos que hay en el país y que representan más del 61 por ciento de la población carcelaria.
Expuso que este “es un problema que arrastramos desde hace varias décadas, pero no por ello es menos urgente”.
Entiende que “con valentía” y mejorando la coordinación entre cada una de las instituciones que trabajan con el tema, así como fomentando la confianza y el respeto hacia los actores del sistema de justicia, la problemática de los reclusos sin condenas se puede superar.
Recordó que la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción tiene como objetivo asegurar la integridad de las pruebas y que el imputado no evada el proceso, por lo que no implica la terminación del caso, ni la culpabilidad del imputado.
“La comprensible indignación de la sociedad ante los casos penales no puede justificar este desbalance (más presos preventivos que condenados). No tiene justificación en una sociedad democrática”, afirmó Molina.
Según las estadísticas de la Dirección General de Prisiones, presentadas en septiembre del año pasado, el total de presos en el país ascienden a más de 26,000.
A la audiencia solemne en la Sala Augusta de la SCJ por el Día del Poder Judicial, asistieron el presidente de la República, Luis Abinader, legisladores, jueces de las diferentes instancias judiciales, representantes de la Iglesia y funcionarios.
Destaca logros en el último año
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los logros en el último año, entre los cuales citó el que se haya podido resolver la mora judicial, y también la vigencia de la ley de medios digitales que facilita el acceso a la justicia.
Mencionó, asimismo, el proyecto de Ley sobre el Procedimiento de Casación, aprobado por el Senado y a la espera de aprobación en segunda lectura por la Cámara de Diputados para adecuar la actual normativa y solucionar en tiempo oportuno los conflictos.
“Nos llevará de un procedimiento lento y complejo, a un proceso que recupere la función esencial de la casación: mantener la unidad del Derecho y eliminar la práctica del depósito temerario de recursos, que busca mantener en estado de suspensión la ejecución de sentencias emitidas por los tribunales”, indicó.
Molina dijo que necesitan una nueva Ley orgánica del Poder Judicial que permita un uso eficiente de los recursos y puedan dar respuesta ágil a las necesidades de las personas.