El MP avanza en un 95 % lectura de la acusación contra imputados en la red Calamar – El Profe Show

El caso Calamar señala a exfuncionarios de los gobiernos del expresidente Danilo Medina (2012-2020) de haber cometido corrupción

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El Ministerio Público informó este miércoles que avanzó en un 95 % la lectura del expediente de solicitud de medida de coerción contra los 20 implicados en la alegada red de corrupción descubierta mediante la Operación Calamar.

Tras dos aplazamientos y unos 11 días de detención de los imputados, la audiencia de hoy se extendió por 10 horas y fue recesada por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, para este viernes 31 de marzo, a las 9:00 de la mañana. El escrito acusatorio está conformado de unas 2,120 páginas.

En el caso Calamar se señala a exfuncionarios de los gobiernos del expresidente Danilo Medina (2012-2020) y otros ciudadanos, a los que se les imputa de asociación de malhechores, desfalco contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala “sin precedentes”, lavado de activos, entre otros.

Entre los principales señalados están los exministros de Obras Públicas, de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente.

“El órgano acusador continuará con la calificación jurídica, solicitud de complejidad del proceso y la solicitud de medida de coerción para los encartados”, expresó el procurador fiscal, Melbin Romero Suazo.

El representante del Ministerio Público adelantó que en esta ocasión tuvieron que combinar la presentación de la solicitud de medida de coerción, los hechos, la participación de los imputados y la presentación de pruebas.

Agregó que la solicitud consta de unas 1,160 pruebas y al menos 64 testimonios.

Para el próximo viernes, la jueza Romero ha dado un plazo de una hora al Ministerio Público para que concluya con la lectura del escrito acusatorio.

La audiencia se realizó a puerta cerrada. Alrededor del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva permanecían familiares y amigos de los señalados. Además, de la prensa y los agentes policiales que mantenían acordonada el área por las constantes manifestaciones de defensores de los imputados en días pasados.

El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

Infografía

Los restantes imputados

Entre los imputados en el caso de supuesta corrupción administrativa, en el que según el Ministerio Público se desfalcó al Estado con más de 19,000 millones de pesos, también están el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

Asimismo, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; el exdirector Juegos de Azar, Julián Omar Fernández y Roberto Santiago Moquete,

También Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, de igual forma, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

Los abogados defensores

El abogado de Gonzalo Castillo, Luis Rivas, dijo que, el Ministerio Publico no ha presentado ningún elemento que justifique el pedido de medida de coerción.

Preguntado sobre si es político el caso, indicó que solo se limitará a los elementos técnicos de su defensa.

La barra de la defensa de Castillo pedirá libertad pura y simple, por considerar que el supuesto financiamiento ilícito de su campaña presidencial es una mentira.

Por su parte, Norberto Rondón, representante legal del abogado y político, Ángel Lockward, argumentó que el estado de ánimo de los imputados es muy bueno.

Manifestó que no tienen ningún alegato de tipo político o sobre persecución política. “Nuestra defensa se circunscribe a temas de carácter técnico legal”, planteó.

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