Participación Ciudadana rechaza intervención de los políticos en casos judiciales – El Profe Show
Recuerda que su lucha de años es en contra de los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o implícitos en la política dominicana
El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó su rechazo a la propuesta de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de que el presidente Luis Abinader y exmandatarios Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía se reúnan para acordar solución a lo que ella denomina “una crisis de gobernabilidad” generada por el sometimiento a la justicia de funcionarios y directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Participación Ciudadana dijo a través de un comunicado de prensa que “es justamente contra esa práctica que hemos luchado por décadas, contra los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o implícitos en la política dominicana”.
Señaló que, por el contrario, la población dominicana está “satisfecha” con las actuaciones del Ministerio Público y ha depositado sus expectativas en que “los jueces actúen también con la objetividad, la inteligencia y el coraje que se requieren para castigar con todo el peso de la ley la corrupción y la impunidad”.
Consideró inaceptable que los partidos políticos pretendan influir en el curso de los procesos judiciales y el país ha dado muestras de que está en la disposición de defender los avances en la persecución del peor de los crímenes, como lo es la corrupción administrativa.
“Estos son momentos cruciales para la consolidación de un Estado democrático y de derecho en la República Dominicana, pero ese propósito fundamental no será logrado con dirigentes políticos que aúpen o protejan la corrupción, que usen el dinero público o que reciban aportes que comprometen la correcta administración pública”, expresó.
La organización aseguró que le dará seguimiento al proceso electoral, especialmente en lo referente a las posiciones de los diferentes partidos y candidatos políticos sobre el tema de la corrupción y de sus compromisos con la erradicación de la impunidad, así como a cualquier indicador de que se están usando recursos, públicos o privados, más allá de lo permitido por la ley.
Persecución de la corrupción
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha abierto varios casos en contra de exfuncionarios, específicamente del gobierno de Danilo Medina, contra quienes ha abierto expedientes por alegados actos de corrupción y desfalco millonario contra el Estado dominicano.
Seis operaciones se han desarrollado en los últimos tres años, entre ellas Antipulpo, Coral y Coral 5G, Operación 13, Medusa y la más reciente, Calamar, mediante las cuales se acusan a exfuncionarios de desfalcar al Estado con una suma global ascendente de 33.5 mil millones de pesos.
En Operación Calamar, el Ministerio Público acusa a los implicados de forma preliminar de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña cuyo monto ascienden a los RD$19,000 millones.
Tres exmininistros del Gobierno de Medina están imputados: José Ramón Peralta, administrativo de la presidencia, Donald Guerrero, de Hacienda y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas y también excandidato presidencial del PLD.
El Ministerio Público apresó a otras 17 personas, entre las que figuran otros exfuncionarios peledeístas: el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández. Y un imputado número 20 que el organismo persecutor no ha revelado su nombre.
Incluso, Medina es mencionado en el expediente como la persona que presuntamente instruyó a los miembros de su equipo de alto nivel a buscar dinero para las campañas políticas del 2019 y del 2020, supuestamente “a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita”.
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