Ley de autismo abre el debate por inclusión, discapacidad y segmentación – El Profe Show

El Poder Ejecutivo promulgó este 5 de junio la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), la cual había sido aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia de la República el pasado 1 de junio, para el trámite correspondiente e inicio de su ejecución dentro de 120 días.

Amparada en cinco principios: autonomía, igualdad, inclusión, cooperación y participación, esta nueva ley tiene por objeto regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con TEA, mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades.

A pesar de la aprobación, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, resaltó que, en la pieza hay elementos que deben ser objeto de oportunas mejoras y reformulaciones, pero, en procura de beneficiar a las personas con TEA de manera robusta en el menor plazo posible, se procedió con la promulgación del instrumento legal, bajo el compromiso de asumir con prontitud las tareas pendientes.

Peralta lamentó que la nueva norma conlleva a algunas redundancias y observó que el Poder Ejecutivo tendría que ser muy cauteloso en la labor reglamentaria para cuidar los procesos administrativos que la nueva norma diseña, pero sin la especificidad adecuada. Para ello, se conformará un equipo de expertos que abordarán la labor reglamentaria.   

El consultor indicó que le preocupaba la posible dispersión que ocasiona esta ley frente al régimen general en materia de discapacidad, el cual habría salido más fortalecido con una modificación integral de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en República Dominicana.

A favor y en contra

Según establece el artículo 7 de esta nueva ley, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), coordinará con las diferentes entidades de la Administración Pública Central, las políticas públicas a implementar en materia de atención, diagnóstico, abordaje, protección e inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Este punto en particular ha dividido las opiniones en bandos a favor y en contra de esta nueva legislación, ya que desde enero de 2013 existe la ya mencionada Ley No. 5-13, que para muchos solo necesita una ejecución correcta y no la creación de una nueva ley exclusiva para TEA.

Tal es el caso de Esperanza Benítez, activista, participante en las vistas públicas de la ley y tutora de Luis, un joven de 18 años diagnosticado con autismo moderado/severo que manifestó señales de alarma desde que tenía un año y medio de edad.

“No hace falta una nueva ley. La desatención a las personas con autismo no es por falta de ley, es falta de voluntad y de cumplimiento“, afirmó.

“Tuvo que llegar al Ejecutivo para que el consultor fuese la única persona sensata que observara las preocupaciones y planteamientos que muchos hemos estado reiterando. Nada, esperar a ver cuáles son las adecuaciones introducidas”, comentó en Twitter.

Benítez, quien en 2014 ya pagaba entre 50 y 55 mil pesos mensuales en terapias y maestras sombra para el niño, valora el interés en que los diagnósticos se hagan en etapa temprana, “para que nuestros niños puedan avanzar y el entorno familiar mejorar”, pero, a su juicio, esta ley fue concebida por “politiquería”.

Otro punto que le preocupa es que se priorice la cobertura para el Seguro Nacional de Salud (Senasa) sobre las demás ARS.

“Lo nuevo es la parte de las sanciones, que eso no está en la Ley 5-13″, reconoció.

Estas sanciones se refieren a multas que van de uno a diez salarios mínimos a personas físicas o jurídicas que impidan o desautoricen la inscripción de personas con TEA en los planteles educativos públicos y privados; que les nieguen la entrada a eventos deportivos o culturales; en medios de transporte; acceso a seguridad social o puestos laborales.  

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“Es un logro que antes no teníamos”, refutó Jeanelfred Beltré, psicóloga clínica y directora del Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-juvenil y la Familia (Ciadif).

De acuerdo con Beltré, esta ley crea “políticas específicas para la condición (TEA)”.

“El único punto con el que no estoy de acuerdo es con las sanciones a los colegios. Es una medida complicada”, agregó.

Su experiencia le ha demostrado que cada niño con TEA necesita una malla curricular hecha a la medida, de acuerdo a las habilidades particulares. Dependiendo el grado de autismo, algunos requieren maestras sombra, otros no; algunos tienen habilidades sociales, otros no; otros son muy sensibles al ruido, otros no; por tanto, necesitan un seguimiento educativo que no sea genérico como sucede en una escuela neurotípica.

Temor a que la Ley 34-23 no se cumpla

Para la psicóloga Paola Cuevas, directora del Centro Educativo Montesinos, ubicado en el Ensanche Ozama, la Ley 34-23 viene a garantizar derechos inherentes de personas con autismo, como vivienda, salud y educación, que no eran visibles en la Ley 5-13 de discapacidad.

“Esta ley contribuye a una mayor conciencia pública del autismo, a un impacto social para la inclusión que beneficiará a personas con TEA en todas las clases sociales“, precisó.

Cuevas fue enfática en afirmar que lo importante “no es hacer leyes por hacerlas, no es promulgar, es hacer que se cumplan“.

Asimismo, defendió los diagnósticos tempranos y el inicio de las terapias, no importa la edad en la que la persona sea diagnosticada (niño, adolescente o adulto), ya que “las terapias activan los aprendizajes a tiempo, para desarrollar un mayor potencial y avance en las personas con TEA“.

En el caso de María del Carmen Santos, abogada que trabajó en la elaboración de esta normativa y madre de un niño autista de 10 años, defendió la Ley 34-23 porque la “5-13 es bastante general“.

Santos entiende que la Ley de Conadis no le servía a su propósito porque “no aterriza los conceptos” que envuelven en específico a las familias donde hay un diagnóstico de autismo.

Manifestó que su gran miedo “es que se engavete la ley“.

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