Activista LGBTIQ califica como un “avance” resolución de procuradora general

FiscalDom explica que la normativa procura que la condición y situación de esa comunidad se mantenga en reserva, sin promoción, para no exponerlo

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La comunidad LGBTIQ saludó este jueves la reciente instrucción de la Procuradora General de la República, en la que se establecen las políticas internas que deberán regir las actuaciones de los miembros el Ministerio Público en los casos que involucre a la población vulnerable, entre los que incluyó a las que por su identidad de género son discriminada por algunos sectores y se les dificulta disfrutar a “plenitud” sus derechos constitucionales.

El activista Leonardo Sánchez la calificó como “un paso de avance” que procura el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en convenios internacionales y al mandato de la Carta Magna del respeto a la dignidad de las personas.

El coordinador de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Francisco Rodríguez, explicó que la normativa tiene el objetivo de proteger la identidad y la condición de esas personas que lleguen a las instituciones del Ministerio Público para evitar la promoción de su situación. 

“En el tratamiento de los casos de LGTB se ha planteado que se mantenga la atención y sobre todo que su situación, su condición o estado se mantenga bajo reserva, que no sea usado como un elemento de promoción, para divulgarlo, que se mantenga discrecionalmente para no exponerlo”, sostuvo Rodríguez.

Aseguró que los fiscales siempre han tratado de manera racional, con mesura y, sobre todo, respetando los derechos de los homosexuales, lesbianas y transexuales.

El artículo 6 de la instrucción 0000002 dispone sobre el respeto a la identidad u orientación de género, que “todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de género que exprese. Siempre se debe guardar la discreción sobre los datos revelados”.

No era un reclamo exclusivo al Ministerio Público

Leonardo Sánchez explicó que la demanda de mayor inclusión a la comunidad LGBTIQ es a todos los estamentos del Estado, no solamente en cuanto al tratamiento que reciben del Ministerio Público.

Entiende que la decisión de Miriam Germán busca que se pase de la palaba a los hechos y se dé cumplimiento a la Constitución y a los convenios internacionales.

“Un país que avance, que cambia, tiene que ir mucho más allá que las palabras”, dijo.

El coordinador de Fiscaldom indicó que la comunidad LGBTIQ está exigiendo su espacio, “independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellos”.

Imperará su identidad civil

Rodríguez aclaró que para asentar los casos de un miembro de la comunidad LGBTIQ el fiscal debe hacerlo como está registrado en el Registro Civil.

“Cada quien como se sienta cómodo, pero obviamente el tratamiento que el fiscal debe dar es guardar la forma, pero obviamente que si se llama Juan Petronilo, no lo va a llamar Jacinta de los Santos, por ejemplo, entiende, su nombre, se va a registrar conforme a su identidad civil que tiene es el que el fiscal va a registrar”, indicó.

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