Fiscal financiero dice que pesquisa a París 2024 no ha descubierto corrupción grave

El funcionario dijo que más bien se trata de "infracciones formales"

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El fiscal financiero de Francia dijo el miércoles que las pesquisas a los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 no han revelando ningún acto de corrupción grave o tráfico de influencias, y que su objetivo no es afectar la realización de las justas.

En una entrevista con la cadena de radio RTL, Jean-Francois Bohnert dijo que los posibles delitos que la fiscalía financiera investiga en estos momentos son “infracciones formales”.

“Se trata de favoritismo, intereses ilegales”, indicó. “Se trata de la manera cómo ciertos contratos fueron distribuidos, los arreglos … Pero no veo ningún tipo de elemento, al menos en esta etapa, que conduzca a la investigación hacia casos más serios de corrupción o tráfico de influencias”.

La policía francesa allanó la sede del comité organizador de París en junio como parte de una investigación sobre contratos relacionados a la justa olímpica de verano.

Ese allanamiento y otros más estaban vinculados a dos investigaciones preliminares de los Juegos de París. Una fue abierta en 2017, el año que el Comité Olímpico Internacional designó a París como sede y la otra comenzó el año pasado.

A un pregunta sobre la posibilidad de arrestos durante los Juegos Olímpicos, Bonhert dijo que la fiscalía quiere “asegurar una realización tranquila de un evento global” y una “fiesta universal”.

“No nos corresponde alterar ese orden”, añadió. “Por ello hemos actuado desde mucho antes. Los allanamientos fueron efectuados más de un año antes de la inauguración de los Juegos”.

La pesquisa de 2027 busca dilucidar si existió despilfarro de fondos públicos y favoritismo. La sospecha apunta a un contrato no especificado firmado por los organizadores de París 2024, según dijo la fiscalía en junio.

La investigación de 2022 respondió a una auditoría de la Agencia Anticorrupción de Francia. La fiscalía dice que el caso se enfoca en un posible conflicto de interés y favoritismo relacionado a varios contratos pactados entre el comité organizador y Solideo, el ente público a cargo de la infraestructura olímpica.

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