Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) revela carencias significativas en la atención sanitaria de los centros penitenciarios del país, donde el hacinamiento, la escasez de personal y la falta de insumos comprometen el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. La investigación, cuya presentación y resultados fueron recogidos por Diario de Salud y citado en Diario Libre, examinó condiciones durante 2025 y se divulgó en 2026.
Hallazgos principales del informe
La ONDP evaluó 45 establecimientos penitenciarios y determinó que 24 de ellos superaban su capacidad de alojamiento. Al cierre de 2025, esos recintos tenían espacio para 16,357 personas, pero albergaban a 23,270, lo que equivale al 142.26 % de la capacidad instalada.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Establecimientos evaluados | 45 |
| Centros por encima de la capacidad | 24 |
| Capacidad instalada | 16,357 |
| Población interna registrada | 23,270 |
| Porcentaje de ocupación | 142.26 % |
Además del hacinamiento, el informe documenta carencias en recursos humanos y materiales que dificultan la prestación de servicios de salud dentro de las prisiones. Entre los problemas señalados están la insuficiencia de médicos, la falta de medicamentos esenciales y la ausencia de equipos básicos como glucómetros, oxímetros y nebulizadores. También se registraron deficiencias en higiene, ventilación y condiciones estructurales que afectan la atención.
Atención de salud mental y especialistas
La ONDP subraya la precariedad de la atención en salud mental: en algunos centros apenas hay un profesional de psicología para toda la población interna, y las consultas psiquiátricas dependen de visitas ocasionales de especialistas. El informe conecta estos hallazgos con las barreras para hacer efectivo el derecho a la salud, que la ley reconoce a las personas privadas de libertad.
- Evaluación: 45 centros penitenciarios inspeccionados por la ONDP.
- Superpoblación: 24 recintos por encima de su capacidad oficial.
- Faltantes: personal médico, medicamentos esenciales y equipos básicos.
El documento se suma a advertencias previas: un estudio cualitativo del Defensor del Pueblo en 2024 ya había señalado obstáculos para el acceso a servicios sanitarios en prisiones. La ONDP, al presentar su Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las garantías sanitarias que asisten a las personas privadas de libertad, con implicaciones para políticas públicas, asignación de recursos y coordinación entre las instituciones responsables de salud y del sistema penitenciario.
Los hallazgos incluyen aspectos puntuales que requieren respuesta institucional, como la provisión sostenida de medicamentos, la incorporación de más personal de salud en los centros y la mejora de condiciones de infraestructura y ventilación. El informe también enfatiza la necesidad de atención continuada para trastornos mentales y de protocolos que permitan el acceso regular a consultas psiquiátricas y psicológicas.
La información proviene de la ONDP y fue publicada por Diario de Salud y Diario Libre en octubre de 2026, que recogen las cifras y observaciones reportadas por la Oficina Nacional de Defensa Pública sobre la situación al cierre de 2025.
