El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia tiene previsto conocer este 20 de noviembre de 2026 la solicitud de medida de coerción presentada contra Miguel L., a quien el Ministerio Público vincula con la muerte del cabo de la Policía Nacional Wilkin Belén, de 35 años.
El hecho ocurrió en el distrito municipal Verón-Punta Cana, durante un enfrentamiento en el que también resultó herido el imputado. La audiencia había sido aplazada previamente porque Miguel L. permanecía en un centro de salud y debía ser trasladado para comparecer ante el tribunal.
Imputación presentada por el Ministerio Público
De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el órgano acusador atribuye al imputado una presunta violación de los artículos 91 y 92, numeral 3, de la Ley 74-25, disposiciones que contemplan el homicidio agravado como asesinato. La acusación se encuentra en la etapa de discusión de la medida cautelar, por lo que el imputado mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.
Además, el Ministerio Público le atribuye la presunta infracción del artículo 66 de la Ley 631-16, relacionado con la tenencia ilegal de armas de fuego. La solicitud será examinada por el tribunal competente de La Altagracia, que deberá escuchar las posiciones correspondientes antes de decidir sobre la medida solicitada.
- Imputado: Miguel L., quien resultó herido durante el enfrentamiento.
- Víctima: el cabo policial Wilkin Belén, de 35 años.
- Tribunal: Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
- Hechos atribuidos: muerte del agente y tenencia ilegal de un arma de fuego, según la imputación comunicada.
Según las informaciones divulgadas, después del enfrentamiento Miguel L. habría acudido a su residencia y luego buscado el arma que presuntamente habría utilizado contra el agente policial. Este aspecto forma parte de los elementos atribuidos al caso y deberá ser valorado dentro del proceso judicial, conforme avance la investigación y se conozcan las decisiones de las autoridades competentes.
La audiencia de este viernes constituye el próximo paso procesal anunciado para determinar si procede imponer una medida de coerción y cuál sería su modalidad. La decisión corresponde al Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.