El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva impuesta a Ángel L., imputado en la investigación del Ministerio Público sobre una presunta red de corrupción que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por miles de millones de pesos.
La decisión fue adoptada el viernes 30 de octubre de 2026, durante la revisión de la medida de coerción. El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que el tribunal consideró que permanecen las circunstancias que motivaron el encarcelamiento preventivo.
“Esta decisión es importante porque se considera que el caso todavía guarda una gravedad y se mantienen las condiciones que dieron lugar a que este imputado se encuentre en prisión preventiva”.
Ramírez ofreció esas declaraciones a periodistas a la salida del tribunal. El juez Raymundo Mejía estableció que la próxima revisión obligatoria de la medida deberá realizarse dentro de tres meses. La prisión preventiva había sido fijada inicialmente por 18 meses y fue confirmada posteriormente en julio.
Vinculación con las autorizaciones investigadas
De acuerdo con el expediente citado por el Ministerio Público, Ángel L. trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lo arrestó a finales de abril, cuando intentaba viajar desde República Dominicana hacia Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno.
La acusación lo relaciona con la aprobación irregular de procedimientos médicos y consultas, dentro de las maniobras que son objeto de investigación en la denominada operación Cobra. El Ministerio Público examina solicitudes de autorizaciones presentadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
- 4,363 autorizaciones bajo investigación para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada.
- RD$41,125,551.02 como monto acumulado señalado en esas operaciones.
- La investigación atribuye a la presunta estructura el uso de distintas modalidades fraudulentas para obtener pagos fuera de los parámetros establecidos.
La permanencia de la prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad. Ángel L. conserva su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras el Ministerio Público desarrolla la investigación y el proceso avanza ante los tribunales.
