El abogado Yancarlos Martínez recusó la mañana de este martes a la jueza Luisa Canaán para que no pueda conocer dos recursos de amparos que buscan la nulidad de la resolución de Salud Pública que exige a los ciudadanos la presentación de tarjetas de vacunación para asistir a lugares públicos.
Debido a la recusación de la magistrada Canaán , presidenta de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la audiencia se aplazó para el 2 de noviembre para dar tiempo a que la Presidencia de este tribunal especializado decida si aparta o mantiene en la jueza recusada.
Yancarlos Martínez asegura que, en una audiencia anterior, la jueza violentó el orden procesal y comprometió su imparcial. Dijo que no descansarán hasta hacer valer “los derechos de los ciudadanos”.
También se aplazó para la misma fecha, un tercer recurso que ataca la misma resolución del Ministerio de Salud Pública. Esta acción es llevada por el abogado José Manuel Santana, se aplazó para dar tiempo a algunos abogados a regular su intervención voluntaria.
Motivación de los recursos
Las instancias fueron elevadas contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública, en la persona de su titular Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes.
Argumentan que la disposición de Salud Pública atenta contra los artículos de la Constitución 38 (Dignidad humana); 39 (Derecho a la igualdad); 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal); 42 (Derecho a la integridad personal); 62 (Derecho al trabajo) y 74 (principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales).
Además, los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
“En razón de que existe una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad, en consecuencia, de los accionantes, una amenaza que supone la limitación de amplios derechos constitucionales, a millones de ciudadanos con consecuencias insospechadas y generadoras de consecuencias incluso que perturben la paz y el orden público, generando caos, violencia y desorden en las vías, transporte público y espacios de recreación”, aduce uno de los documentos.