Prisión preventiva para otro implicado en Operación Falcón
El Ministerio Público asegura que el imputado era testaferro en la red
El Ministerio Público asegura que el imputado era testaferro en la red
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ordenó la prisión preventiva por 18 meses como medida cautelar y declaró complejo el proceso que sigue contra otro implicado en la supuesta red de lavado de activos, narcotráfico y otros ilícitos, desarticulada por el Ministerio Público (MP), a través de la Operación Falcón.
El juez Cirilo Salomón acogió la solicitud de la fiscalía e impuso la prisión por 18 meses con revisión obligatoria cada tres meses, contra Kelvin Alexander Torres Bueno, alias El Toro, afirmó la fiscal litigante Yeny Liranzo quien, junto a los fiscales Pedro Martínez y Yarilis Toribio, representaron al Ministerio Público.
Sin embargo, el representante legal del imputado, Onoris Casado Pujols, sostuvo que se siente satisfecho con la medida, pese a no lograr la libertad de su defendido.
“Yo, como abogado, aunque trata de ese proceso, he salido complacido, en el sentido de que no obtuvimos la libertad de mi imputado, pero sí obtuvimos una decisión que puede ser recurrida, y en cualquier momento mi imputado puede salir en libertad”, expresó.
El abogado asegura que su defendido fue enviado a prisión por tres meses y que “ningún otro imputado tiene esa medida”.
De acuerdo a una fuente consultada, el abogado de la defensa se contradice al sostener que a su imputado se le impusieron tres meses de prisión con revisión el 3 de febrero del 2022 cuando se declaró la complejidad del proceso. Máxime, cuando el tribunal ordenó al Ministerio Público presentar acusación en ocho meses (más tiempo del que asegura se dictó la prisión), “lo cual es absurdo y falla a la lógica procesal”, reseña la fuente.
El expediente contra alias El Toro, preparado por el órgano acusador, establece que el imputado incurrió en el testaferrato y que “movilizó una importante cantidad de dinero de la organización”.
Las diligencias investigativas del Ministerio Público, incluyeron más de un centenar de allanamientos a través de los cuales se incautaron decenas de bienes, dinero en efectivo en pesos y dólares, vehículos de alta gama, torres lujosas, establecimientos comerciales y armas de fuego.
De los 31 procesados, 21 tienen prisión preventiva por 18 meses; siete, arresto domiciliario; 2 con garantía económica y uno, dejado libre sin cargos. Esa última decisión será apelada por el M
La compleja operación de las autoridades se llevó a cabo con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Agencia de Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).