¿Cuánto ha pagado el Estado en el desalojo de Valle Nuevo? – El Profe Show
El gobierno ha desembolsado más de 500 millones a agricultores desplazados
El pasado martes 4 de abril el presidente de la República, Luis Abinader, en compañía del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, y otros funcionarios; hicieron entrega del tercer pago a agricultores desalojados del lindero sur del parque nacional Valle Nuevo, correspondiente al municipio de Constanza, por un valor de poco más de 370 millones de pesos.
Estos pagos son el resultado de una larga lucha por el rescate del parque nacional Valle Nuevo, que inició con la resolución 14/2016 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobando o autorizando la implementación del plan de acción para el rescate del parque, ordenando el cese total de las prácticas agrícolas y presencia de ganadería dentro de los límites del parque.
Con esta resolución se iniciaba uno de los mayores conflictos sociales y económicos de esta importante área protegida, que continuó esta semana con el tercer pago a productores que durante años explotaron de forma ilegal tierras dentro del área protegida en el municipio de Constanza, en varios enclaves agrícolas como El Castillo, la Siberia, Monte Llano, etc.
A pesar de la resolución vigente, en el lindero sur, correspondiente a San José de Ocoa, no se ha completado el desalojo de los ocupantes dentro de los límites del parque, donde sigue activa la agricultura.
¿Cuánto ha pagado el Estado por Valle Nuevo?
El 4 de noviembre de 2003, como presidente en funciones, Hipólito Mejía firmó el decreto 1047-03, “considerando que es de alto interés del Estado Dominicano conservar sus áreas protegidas para el desarrollo de sus recursos naturales, declarando de utilidad pública e interés social los terrenos y mejoras comprendidas entre las parcelas 1-A y 2-A del distrito catastral No. 4 de San José de Ocoa. Dichas parcelas se encuentran incluidas dentro del Parque Nacional Valle Nuevo.
Parte de estas parcelas pertenecían a las compañías Empresa Agrícola y Ganadera, C. por A. y Compañía Sociedad Comercial y Ganadera, C. por A. representadas por el señor Jaime de Jesús Guzmán Abreu, cuyos accionistas son descendientes directos de José Delio Guzmán Domínguez.
“Es un acto de pagar a agricultores que tenían años en lugares donde hoy se necesita proteger”Presidente de RD
El 10 de agosto, a seis días de entregar el poder en el 2004, estas compañías recibieron RD$243 millones en bonos del Estado por concepto de expropiación de dichas parcelas.
En Diciembre de 2018, luego de varias negociaciones y ofrecimientos, el entonces ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, acordó con 150 agricultores desalojados del norte de Valle Nuevo, una “ayuda” mensual de RD$7 mil, mientras encontraba una salida a las exigencias de estos, ofreciendo la construcción de invernaderos fuera del área protegida, pero esto nunca se materializó. Hasta inicios de 2021 el estado pagó a estos agricultores más de RD$30 millones a estos agricultores, que estaban censados desde el 2016.
Luego de suspender el pago mensual a los agricultores desalojados, el ex ministro Orlando Jorge Mera acordó pagar a dichos agricultores por cada tarea recuperada, a un valor de RD$50 mil cada una. Además de condonar mora e intereses por préstamos del Banco Agrícola a los productores, sin que se haya hecho público el monto total.
Para indemnizar a los agricultores se realizó un nuevo censo, el cual tuvo discrepancias con el censo del 2016, donde se incluyeron cerca de un 40% de nombres que no figuraron en el censo original.
El 5 de junio de 2022, Orlando Jorge Mera hizo los primeros pagos a 79 productores, de 1 a 10 tareas, sumando RD$25 millones de pesos.
En Julio de 2022, el presidente Luis Abinader y el actual ministro Miguel Ceara Hatton, entregaron un segundo pago por RD$124 millones a 127 productores de 11 a 30 tareas.
Y el 4 de abril de 2023 se entregaron poco más de 370 millones a 110 productores con más de 30 tareas.
En total este gobierno ha pagado en compensaciones cerca de RD$520 millones a 316 agricultores sin título de propiedad dentro del área protegida, cerca de 10,400 tareas agrícolas del lindero norte, correspondiente a Constanza.
Con esta cifra se completan los pagos a agricultores desalojados del lindero sur, según el censo del 2021, que consta de 315 agricultores.
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, sostuvo que con la entrega de este tercer pago “no hay razón alguna para que en esas zonas lomas haya ganado, cultivos o cualquier otra forma de actividad que no sea la preservación de los bosques”.
En el censo del 2016 el total de tareas ocupadas en Valle Nuevo, norte y sur, correspondió a 243,340 tareas, tanto para ocupantes ilegales como los que poseen título de propiedad, con un valor aproximado de casi 12 mil millones de pesos, calculados a base de la indemnización actual por tarea.
Reacción de ambientalistas
Para el grupo ambientalista Acción Verde el mensaje que se manda no puede ser peor, se trata de un precedente que puede revertirse en contra de las mismas autoridades de Medio Ambiente y el Poder Ejecutivo, pues ahora se abren las puertas a dos escenarios inciertos.
Según el colectivo, el primer escenario es el que lleva hasta el grado de lo inalcanzable la posibilidad de aplicar “justicia” en el caso de los ocupantes de las vertientes sur y suroeste del mismo Parque Nacional, que ahora reclamarán “con todo derecho’ que se les dé el mismo trato, así como otros ocupantes ilegales en Sierra de Bahoruco, Los Haitises, etc.
El segundo escenario, es el de los derechos adquiridos: “¿Qué impedirá que los propietarios nominales (aquellos que poseen los títulos sobre los que se asentaban estos “productores agrícolas”) reclamen ahora ser resarcidos por ser los “dueños legales” de unos terrenos por los que el Estado acaba de validar el dispendio de cientos de millones de pesos, sin que mucha de esta gente tuviera siquiera “un papel de colmado” como aval de legitimidad”, explica el colectivo? “Lo más doloroso es ver a un Luis Abinader, comprometido auténticamente con el interés de sanear los linderos de las áreas protegidas, caer en la trampa de los asesores que le han justificado lo injustificable: que para resolver una crisis que ya estaba casi resuelta, se invirtieron unos millones que superan por 10 o 20 veces toda la inversión de capital que se ha hecho en favorecer nuestros Parques Nacionales, cada vez más en ruinas, con personal escaso y desmotivado, plagado de estructuras en el abandono y literalmente dejadas a su suerte desde hace al menos un lustro”, concluyó el colectivo.
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