Defensor del pueblo valora su rol para verificar las apropiaciones de las instituciones del Estado
Destaca que la garantía de derechos fundamentales depende de la buena administración de recursos
Para poder garantizar el acceso a todos los derechos y un nivel de calidad óptimo para los ciudadanos, se necesita conocer la capacidad de maniobra que tiene el Estado desde el punto de vista financiero y económico.
La cantidad de los recursos que se asignan a cada institución pública a través del presupuesto nacional permiten conocer si sectores neurálgicos para el desarrollo social, como la salud, la educación o la protección social, están siendo priorizados.
Como defensor del pueblo, Pablo Ulloa considera que su rol en la sociedad debe ser “activo, pero también coherente”, por lo que trata de conocer el manejo institucional de los recursos de aquellas instituciones con las que le ha tocado intermediar las reclamaciones de los ciudadanos.
Por ese motivo, la institución que dirige cuenta con un departamento que analiza las asignaciones presupuestarias de cada institución, para conocer el grado de respuesta que puede darle a los ciudadanos que llegan a través de una queja o reclamo.
“Verificamos las apropiaciones de las instituciones, porque muchos de los servicios (que otorgan) tienen muchos costos asociados”, manifestó el Ombudsman a El Profe Show.
Explicó que el papel preponderante de los recursos en la garantía de derechos es lo que motivó a la Defensoría del Pueblo a organizar el seminario “Derechos económicos aplicados”, la primera actividad que realiza esta institución orientada a enfatizar el impacto de la economía dominicana en el desarrollo social.
“¿Cómo fiscalizamos y cómo podemos financiar a un Estado en el que apenas el 43 por ciento (de los contribuyentes son los que pagan? Debemos tratar de ser más competitivos, y de alguna manera generar empleos de mayor calidad y un ingreso por salario que compense la inflación que estamos viviendo”, manifestó durante sus palabras de apertura del evento.
Mediaciones
A la Defensoría del Pueblo le ha tocado mediar con reclamaciones ciudadanas que involucran el manejo de recursos.
A modo de ejemplo, citó el caso Munné, en el que la institución tuvo que mediar en un conflicto que involucró 2,700 millones de pesos y que involucró a unas 2,000 familias de San Francisco de Macorís que habían perdido los ahorros depositados en esta empresa agroexportadora.
También, la gestión de unas 28,000 pensiones a empleados jubilados del Ministerio de Educación y la resolución de un conflicto entre cañeros de la sierra de Bahoruco y el sector privado de esta provincia.
“La gallardía y la confianza del Poder Ejecutivo de que una institución pueda ser mediadora, es lo que me hace decirles que el Defensor va más allá del simple literal de una constitución o el numeral de una ley”.
El seminario, realizado este miércoles en el hotel Catalonia, contempla aspectos como la competitividad, la garantía de derechos sociales y económicos en un entorno de crisis, la protección social, la libertad de empresa y la inclusión financiera.
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