Procuraduría: perfil económico de Rosa Amalia Pilarte no concuerda con sus millonarios movimientos bancarios
Acusan a la diputada de colocar y movilizar a través del sistema financiero nacional más de cuatro mil millones de pesos
La Procuraduría General de la República acusó a la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte López de colocar y movilizar a través del sistema financiero nacional más de cuatro mil millones de pesos “con fondos de procedencia ilícita y teniendo pleno conocimiento”.
Sin embargo, según la acusación de la Procuraduría General, el perfil económico de la legisladora es contrario a su estilo de vida exhibido por ella y su familia, varios de los cuales están siendo juzgados también, acusados de lavado de activos.
“Si analizamos el perfil económico, tomando como parámetro los ingresos declarados de la acusada Rosa Amalia Pilarte López, se trata de una persona que pertenecería a una clase media baja, abismalmente contrario, a sus millonarios movimientos bancarios, y escandaloso como desproporcional estilo de vida exhibido tanto por esta como por los demás miembros de su núcleo familiar más íntimo, todos ellos acusados ya en la jurisdicción ordinaria”, indica la acusación.
En total, Rosa Amalia Pilarte López es acusada de integrar en la economía dominicana, esencialmente mediante la colocación en el sistema financiero la millonaria suma de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92/100 (RD$4,418,399,312.92) principalmente a través de depósitos en efectivo a sus cuentas.
El expediente de la Procuraduría General detalla que a Rosa Amalia Pilarte López, por concepto de salarios, intereses y otros solo se le documentan ingresos por un valor de catorce millones ochocientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y nueve pesos con 17/100 (RD$14,898,669.17).
Adquisición de inmuebles
La acusación de la Procuraduría General indica que se verificó que fueron adquiridos a nombre de la acusada Rosa Amalia Pilarte López, bienes inmuebles de valores millonarios, “propiedades que entre los años 2015 y 2016, traspasó casi en su totalidad a nombre de la razón social Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., cuyos beneficiarios finales, por control accionario son dos personas vinculadas directamente a esta acusada, esto es en primer lugar Manuel Antonio Inoa Valdez, su cuñado, cónyuge de su hermana Ada María Pilarte López, conforme a la certificación de la Junta Central Electoral número DNRC/2022-11-30149 y sus documentos anexos, y en segundo lugar, una persona con quien también mantiene un grado de afinidad similar con la acusada Rosa Amalia Pilarte López, esto es, la ciudadana María Altagracia Cepeda Suárez, quien es madre del sobrino de la acusada, o sea, el ciudadano Gabriel Antonio Pilarte Cepeda, por este último ser hijo de Genaro Antonio Pilarte López, hermano de la acusada Rosa Amalia Pilarte López”.
Calificación jurídica
La diputada es acusada de violación de los artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 contra el Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana; hechos que por igual, en gran medida, al momento de su ocurrencia se encontraban tipificados en los artículos 3 literales a y b, 18 y 21 literales a y b de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.
Actualmente la familia de la legisladora Rosa Amalia Pilarte es procesada por lavado de activos producto del narcotráfico.
Pilarte es la esposa de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado por el Ministerio Público de ser cabecilla de una supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico.
Solicitud
La Procuraduría General de la República solicitó medida de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a cien millones de pesos contra Pilarte López.
Así consta en la acusación formal presentada por la Procuraduría General ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
“Que le sea impuesta la medida de coerción consistente en la presentación periódica por ante el Ministerio Publico a cargo de la investigación cada 30 días mientras dure el proceso, el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de cien millones de pesos (RD$100,000,000.00), así como el impedimento de salida del país”, solicita el Ministerio Público.
También solicitó fijar la fecha y hora para celebrar audiencia preliminar a los fines de conocer sobre la acusación presentada en contra de la diputada para ser procesada por lavado de activos.
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