Entrega de dinero de manera ilícita marca lectura del juicio de fondo Antipulpo
De acuerdo con la lectura, estas alegadas entregas ilícitas fueron hechas por el encartado Fernando Rosa a legisladores
En la continuación de la lectura este miércoles del expediente acusatorio del caso de corrupción denominado Operación Antipulpo, el Ministerio Público mencionó alegadas entregas de dinero de manera ilícita por parte del encartado Fernando Rosa a legisladores.
En el conocimiento del expediente de 3,445 páginas, de las cuales han sido leídas hasta la 203, el órgano acusador hace señalamientos contra Rosa de cuando se desempeñaba como presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), señalando que incurrió en entrega de ayudas por más de 50 millones de pesos a legisladores en violación a las leyes de la República.
“Tengan la certeza que lo que el Ministerio Público está leyendo es parte de esa teoría fáctica, llegado el momento, la defensa del señor Rosa va a derrumbar cada una de las falsedades del Ministerio Público ha leído”, declaró Emely Rodríguez, representante legal del exfuncionario.
Manifestó que no es cierto que Fernando Rosa haya entregado ese dinero a congresistas, por que, afirmó, que todo lo hecho por el expresidente del Fonper fue aprobado por un consejo de la entidad.
En el año 2020, al inicio del caso Antipulpo, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) denunció que Lucía Medina había recibido más de RD$78 millones que “fueron desviados del Fonper desde 2016 al 2018”. En ese momento, señaló a Carmen Magalys Medina Sánchez como responsable de manejar la institución como un “patrimonio personal”.
Sobre el Fonper
El Fonper es una institución del Estado creada en virtud de la Ley 124-01, promulgada el 24 de julio de 2001. Tiene como misión custodiar y administrar las acciones del Estado en las empresas surgidas del proceso de reforma y transformación realizado a partir del 1997. En 2020 el presidente Luis Abinader prometió eliminarla, pero aún sigue en funcionamiento.
Fernando Rosa cumple prisión domiciliaria en su hogar en la provincia Santiago.
Imputados en Operación Antipulpo
Son 48 personas físicas y jurídicas los imputados a la presunta red de corrupción Antipulpo que tiene como principal acusado a Alexis Medina Sánchez.
Durante esta audiencia, algunos abogados de la defensa presentaron el incidente de que la lectura de la acusación sea íntegra, recurso que fue rechazado por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado. Todo se leerá de forma sucinta.
Las magistradas Claribel Nivar, Gissel Soto y Clara Sobeida Castillo dispusieron el receso de la audiencia hasta el próximo lunes 02 de octubre, a las 9:00 de la mañana.
En este expediente acusatorio, el Ministerio Público acusa a 48 personas físicas y jurídicas y establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, presuntamente creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.
Según el documento acusatorio, Medina Sánchez se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Delitos que el MP les imputa a acusados en el caso Antipulpo
Los tipos penales en que alegadamente incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Además de Medina Sánchez, el órgano persecutor acusa también a Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También, contra Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao – Editorama y de Lorenzo -Freddy- Hidalgo.
En la etapa preliminar de este proceso judicial los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el tribunal.
Producto del acuerdo, el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
En esta audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de Corte coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, así como los fiscales litigantes Rosa Ysabel y Ernesto Guzmán Alberto.