Propietario de fábrica de plásticos que explotó en San Cristóbal proclama: “Soy inocente”
A Edward Vidal se le impuso una garantía económica de 300,000 pesos, colocación de un grillete electrónico, presentación periódica e impedimento de salida del país
Conducido por agentes policiales por los pasillos del Palacio de Justicia de San Cristóbal, Edward Vidal, dueño de la fábrica que explotó en la comunidad el pasado 14 de agosto, vociferó a la prensa: “Soy inocente”.
Este martes la jueza Miolany Herasme de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia del sur dictó contra Vidal, propietario de la fábrica de plásticos Vidal Plast, su esposa y su hija, medidas de coerción por su supuesta implicación en la explosión que dejó 37 muertos y 59 heridos.
A Vidal se le impuso una garantía económica de 300,000 pesos, colocación de un grillete electrónico, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La magistrada otorgó categoría de caso complejo. Además, impuso garantía económica de un millón de pesos por contrato de fianza, impedimento de salida y presentación periódica contra Maribel Sandoval y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, esposa e hija de Edward Vidal, respectivamente.
Treinta y siete denunciantes, igual a la cantidad de víctimas, se presentaron al tribunal durante el conocimiento de esta coerción efectuada a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de la Cuna de la Constitución.
La jueza rechazó el pedimento del Ministerio Público de que la empresa Vidal Plast no pueda operar y otorgarle un año de prisión preventiva a Edward Vidal.
El presidente de la empresa deberá presentarse cada viernes ante la justicia.
La defensa de los dueños de la empresa dijo que apelará la medida de imponer grillete electrónico al empresario, porque, alegadamente, este sufre de diabetes.
“A los estrados se va a ganar o a perder. Esto es un proceso que va a tardar años”, indicó Norberto Rondón, abogado de la familia Vidal Sandoval.
De igual forma, los representantes de las víctimas manifestaron que apelarán la decisión, por considerar que se ha cometido impunidad.