Ingeniera bajo prisión domiciliaria por Medusa podrá ir a su oficina dos días a la semana
El juez de instrucción acogió en parte su solicitud, de que se le revocara el arresto
La ingeniera Jenny Marte Peña, quien cumple prisión domiciliar por el caso de corrupción administrativa Operación Medusa, podrá asistir a su oficina dos veces por semana, según dispuso este miércoles el Tercer Juzgado de Instrucción.
La exencargada del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la Procuraduría se trasladará a su oficina, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La decisión la tomó esta tarde el juez de instrucción que conoce el caso de Operación Medusa y que involucra a Marte Peña, al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y a otros 39 exfuncionarios, empresarios y parientes de los exservidores públicos.
Marte Peña podrá salir de su residencia los miércoles y jueves, los mismos días que se le concedieron a Jean Alain Rodríguez hace unos meses para que trabaje.
De lo que se le acusa
Entre las acusaciones que el Ministerio Público imputa a Jenny Marte Peña es la de que, en calidad de Directora de la Unidad Ejecutora del Plan de Humanización, “utilizaba mecanismos de presión respecto a los contratistas, consistente en la no aprobación de las cubicaciones, y por consiguiente los pagos, si estos no aceptaban las exigencias del entramado de corrupción”.
El entramado supuestamente desarticulado en Operación Medusa, según el órgano acusador “solicitaba el 20% a los suplidores y contratistas de la institución y en algunos casos ese porcentaje subía” como soborno a cambio de que fueran beneficiados con las licitaciones.
Son siete los que guardan prisión en sus casas
Además Marte Peña y Jean Alain, otros que a los se les ha impuso arresto domiciliario son la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, y Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
También Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y Jonathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de ese organismo, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al exasesor Miguel José Moya le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
A los vinculados en el caso de corrupción se les atribuye desfalcar al Estado con más de 6,000 millones de pesos.