Ordenan nuevo juicio contra exalcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí

También revocar la sentencia recurrida por considerarla improcedente y mal fundada

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La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal ordenó un nuevo juicio contra el exalcalde de esa provincia, Raúl Mondesí, quien fue condenado por malversación de más de RD$300 millones durante su gestión en el período 2010-2016. Este nuevo proceso sería en un tribunal distinto para una nueva valoración de las pruebas. 

Declaró regular y válido el recurso de apelación contra la sentencia penal que condena a ocho años de prisión al exfuncionario. Además, solicitó la revocación de la sentencia recurrida por considerarla improcedente, mal fundamentada y carente de base legal.

En 2017, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal emitió una sentencia condenatoria contra el exjugador de Grandes Ligas, imponiéndole una pena de ocho años de prisión, una multa de 60 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.

*Declarar regular y válido el presente recurso de apelación contra la sentencia penal núm.301-03-2017-SSEN-00129 del veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

*Revocar la sentencia recurrida por improcedente mal fundada y carente de base legal

* Ordenar un nuevo juicio en un tribunal distinto para una nueva valoración de las pruebas

Junto con el exalcalde Raúl Mondesí, también fueron procesados (y se les ratificó la sentencia) el exsecretario general de la alcaldía, Bienvenido Araujo Japa, y el extesorero Jesús Antonio Ferreira. Ambos fueron condenados a 7 y 6 años de reclusión, respectivamente, y se les impuso una multa de RD$20 millones a cada uno, así como una inhabilitación de 6 y 7 años para ocupar cargos públicos.

Asimismo, Pedro Cordero, excontador, fue declarado culpable de encubrimiento de información a las autoridades y sentenciado a tres años de prisión. Las tres últimas personas mencionadas se encuentran en libertad bajo fianza.

El grupo fue acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) por los delitos de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores.

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