PC solicita al presidente de la SCJ crear las condiciones para que se agilicen casos de corrupción

Participación Ciudadana (PC) manifestó su preocupación por los plazos otorgados a los abogados defensores de los acusados en corrupción administrativa y que, afirma, son “más extensos que lo ordinario”, a lo que dijo no oponerse, pero entiende “que también el Poder Judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia”, al evitarse que los procesos de dolos contra los recursos del Estado periman.

Una comunicación de prensa de la citada organización de la sociedad civil informa que envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, en la que le expresa que “deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo de los casos de corrupción “puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana”.

Entiende la que los jueces pueden celebrar audiencias “cada día y no solo una o dos veces por semana”, medidas que, dice, pueden ser tomadas por el Consejo del Poder Judicial, que puede organizar la logísticas y “crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables”.

PC afirma que sería “una enorme pérdida” para el país que, después de años de lucha contra la corrupción y la impunidad y de los  esfuerzos realizados por el Ministerio Público en la elaboración de expedientes, éstos fueran declarados con la extinción penal por la vía del vencimiento de los plazos, como ocurrió recientemente con el caso de los sobornos de los Super Tucano.

Explica que en en su carta a Molina, PC afirma que “en los extensos y complejos casos que se conocen en la actualidad, se ha impuesto el criterio de que los jueces están obligados a exigir la lectura íntegra de las acusaciones del ministerio público, bajo el argumento de que la Constitución dispone que el juicio sea oral. Sin embargo, la organización de la sociedad civil difiere de esa interpretación de la oralidad, ya que, en la práctica, su interpretación para fines de extensión debe ir acorde con el fin de que el proceso concluya en un “plazo razonable.”

La pasadada semana, el Ministerio Público manifestó también su preocupación de que el proceso que llevan contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez sea declarado con la extición penal debido a que a casi cuatro meses leyendo la acusación todavía no leen la mitad del expediente y por el rechazo del juez Amauri Martínez a su solicitud de que se lea de manera sucinta.

El caso contra Jean Alain tiene en los tribunales más de dos años y está actualmente en la etapa del juicio preliminar. El Código Procesal Penal  establece como máximo para los procesos penales cuatro años y cinco en caso de condena absolutoria a los fines de permitir la tramitación de los recursos.