EE.UU. sanciona al exministro de Energía de Guatemala, Alberto Pimentel
La decisión de sancionar a Pimentel llega días después de la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León
El gobierno de Estados Unidos sancionó este miércoles al exministro de Energía de Guatemala Alberto Pimentel, acusándolo de recibir millonarios sobornos de empresas privadas a cambio de licencias de explotación minera y energética en el país.
Pimentel, quien dejó el cargo en julio del año pasado, ya había sido señalado por EE.UU. por corrupción y en octubre se le negó la entrada al país norteamericano.
Las sanciones de hoy son impuestas por el Departamento del Tesoro y como consecuencia se congelarán todos los activos que el exministro tenga en EE.UU. y se prohibirá a personas o empresas estadounidenses hacer negocios con él, según explicó dicha cartera en un comunicado.
“Nos solidarizamos con el pueblo guatemalteco en su esfuerzo por fomentar una mayor transparencia, rendición de cuentas e integridad gubernamental dentro de su sistema”, escribió el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en el escrito.
EE.UU. acusa a Pimentel de haber recibido coimas de más de un millón de dólares por parte de grupos de la industria minera guatemalteca a cambio de licencia de explotación.
El exministro, destacó el Tesoro, usaba su posición dentro del gobierno para favorecer en procesos de licitación a las empresas que le entregaban sobornos y también para tomar represalias contra aquellas que no accedían a darle dinero.
La decisión de sancionar a Pimentel llega días después de la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien logró la victoria con una campaña anticorrupción.
El traspaso del poder en Guatemala y el anterior proceso electoral estuvo marcado por los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) y del anterior Congreso por obstaculizar la llegada de Arévalo.
Desde 2021, EE.UU. ha impuesto sanciones por corrupción a más de 10 individuos y entidades guatemaltecas, incluyendo a la fiscal general, Consuelo Porras.