A 27 años de la promulgación de la Ley General de Educación

Este martes 9 de abril se cumplen 27 años desde que el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, promulgó la Ley General de Educación 66-97, cuyos lineamientos siguen delimitando la educación dominicana hasta la fecha.

A través de la proclamación de esta legislación, que cuenta con 77 páginas y 228 artículos, muchos aspectos cambiaron respecto a la organización y a la forma en la que se manejaba el sistema educativo a la fecha, además de que se reguló el papel del Estado, los organismos descentralizados y los actores que forman parte de este sistema.

La educación ya era un derecho fundamental establecido en la Constitución dominicana, sin embargo, a raíz de esta legislación los derechos y deberes de los involucrados en el proceso fueron especificados, entre ellos la responsabilidad de los padres y la escuela.

“La educación dominicana se nutre de la cultura nacional y de los más altos valares de la humanidad y está a su servicio para enriquecerlos”, estableció la ley dentro de los principios.

Asimismo, plasmó que la educación en el país debía estar fundamentada en los valores religiosos cristianos, no siendo una situación obligatoria, sino permitiéndole a los padres escoger si sus hijos reciben esta educación o no, siempre y cuando sea establecido por escrito.

• Además, responsabilizó al Estado de proporcionar una educación eficaz y de calidad “a fin de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

• “Fortalecer y mejorar la enseñanza de la ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos, educando para el mejor uso de ellas y para evitar que las mismas impacten negativamente en las personas y en el medio ambiente”, indica el artículo 8 de dicho documento.

Papel de los padres

En el aspecto de padres y la comunidad, los hace responsables de escolarizar a los estudiantes, velar por su correcto desarrollo y apoyar a la escuela en la formación del estudiantado, regulaciones que se establecen en el capítulo 5, desde el artículo 19 hasta el 21. No obstante, a la escuela la establece como la estructura donde se llevaba a cabo parte de la formación académica.

También define una estructura académica, los niveles de educación, los cuales son inicial, básico, medio y superior, un Consejo Nacional de Educación como entidad reguladora y legisladora del sistema.

4 % para la educación

16 años después de la proclamación de la ley, surgió uno de los cambios más significativos respecto al sistema educativo, el cual estaba vinculado con el aspecto presupuestario. Tras varias protestas y reclamos sociales, fue ejecutado el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) al sistema educativo, el cual estaba contemplado en la ley, pero no se había llevado a cabo.

En el 2013 fue el año en el que por fin la sociedad dominicana vio aplicarse este presupuesto, el cual suponía una partida presupuestaria superior a los RD$99,000 millones.

Cambios a la ley actual

En el presente año (2024), el Ministerio de Educación (Minerd) formalizó un comité que se encargaría de revisar la legislación vigente desde el 97, con el objetivo de proponer modificaciones y actualizaciones de cara a mejorar la educación en el país.

Tras unos meses con el proyecto, la comisión, coordinada por Radhamés Mejía, hizo de conocimiento público el primer borrador de la propuesta, el cual será revisado por varios sectores para irlo puliendo en materia legislativa.

• Dentro de los cambios de esta propuesta está que de los padres dependerá si sus hijos en el sistema público de educación reciben formación religiosa o no, además de que plantea la educación laica como parte del currículo educativo.

Asimismo, establece que los padres o tutores participarán en las evaluaciones de los docentes. Además, “propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar”. Los obliga a asistir a las actividades curriculares. Se propone, además, otorgar el derecho a los padres para que reciban informes periódicos del progreso académico de sus hijos y que puedan emitir sus opiniones sobre la gestión y procesos educativos, contrario a la ley vigente, que no los incluye expresamente.

También propone que la inversión pública para el sector educativo pasaría de un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a un 6 % al 2030, aumentando de forma progresiva hasta llegar a este tope designado,