El proxenetismo es penado en RD, la prostitución no
Lo recordó ayer la Suprema Corte de Justicia en un comunicado
Lo recordó ayer la Suprema Corte de Justicia en un comunicado
La prostitución no está sancionada por las leyes dominicanas. Lo ha recordado ayer la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por medio de jurisprudencia de la Sala Penal enviada a los medios de comunicación, donde deja claro que quienes se benefician de la prostitución, es decir, los proxenetas, estos sí podrían ser sujetos de sanción judicial.
Indica el comunicado de la Suprema Corte de Justicia que quien explote y se lucre de la prostitución puede ser sancionado al amparo del artículo 334 del Código Penal Dominicano.
En el Código Penal propuesto y que se encuentra pendiente de conocer en la Cámara Diputados, tampoco se establece sanción para este tipo de trabajo.
A pesar de esto, las denuncias que reseñan los medios sobre los grupos que se dedican a esa práctica para ganarse el sustento, dan cuenta de malos tratos y agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional a las trabajadoras y trabajadores sexuales.
La jurisprudencia surge a raíz del caso Pasión Night Club de Santiago, un proceso judicial por el que fue cerrado ese centro de diversión para adultos, y cuatro imputados (dueños) acusados de proxenetismo y lavado de activos.
Histórico del caso
Mediante la sentencia número 001-022-2021-SSEN-00872 de fecha 31 de agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia impugnada por la Procuraduría Fiscal de Santiago por falta de valoración de pruebas.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago que favorecía al centro de diversión Pasión Night Club y a los cuatro imputados acusados de proxenetismo y lavado de activos.
La primera sentencia en este caso fue del 4 de septiembre de 2018, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Santiago descargó a los señores Norberto Ramón, Miguel Ángel, Rafael Andrés y Carlos Mauricio Gómez Díaz, un fallo que fue recurrido por la Fiscalía de Santiago.
Posteriormente, el 5 de junio de 2019, la Corte de Apelación desestimó el recurso, y confirmó el fallo.
Luego de esa decisión, el 5 de julio de 2019, el procurador general de la Corte de Apelación, Juan Carlos Bircann Sánchez, apoderó a la Suprema Corte de Justicia solicitando casarla, por contener errores de derecho y tratarse de una sentencia infundada.
En consecuencia, la Alta Corte emitió el 31 de agosto de este año el fallo que acoge el recurso y remite el proceso a la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago para que jueces distintos conozcan el fondo de la acusación.
Conceptos erróneos
El recurso presentado por el Ministerio Público ante la Suprema estableció que tanto los jueces de primer grado como de la alzada se “equivocaron sobre la naturaleza y el alcance de la prueba testimonial, la diferencia entre prostitución y proxenetismo y el carácter autónomo del delito de lavado de activos”, explicó la Procuraduría General de la República días despues de que le notificaran el fallo de la Suprema Corte de Justicia.
Otrasex denuncia abusos
A finales del pasado mes, la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otrasex)q presentó su informe “Mapeo sobre el trabajo sexual en la legislación y la participación política de las mujeres trabajadoras sexuales en República Dominicana”, en donde establece como uno de sus hallazgos principales que en el país no hay una norma que prohíba que las mujeres se dediquen al trabajo sexual. En este caso coinciden con lo que ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, también establecen que la Policía Nacional violenta los derechos de quienes se dedican a esa profesión.
Durante la presentación de ese informe, la vocera de la organización, Soranyi Martínez, explicó que la intención es dar a conocer que “ser trabajador o trabajadora sexual en el país no es un delito” y que lo que representa delito es “la discriminación y la violencia contra la mujer”.
Señalaron que la Ley 50-88 es la norma más utilizada por los agentes de la Policía Nacional para violentar los derechos de los trabajadores y trabajadoras sexuales, que hacen esta actividad para llevar el sustento a sus hogares.