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Recesan para este lunes la audiencica del caso FM

Ministerio Público solo le falta 40 páginas para terminar de dar lectura al expediente de 208 páginas

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La jueza de Atención Permanente Cecilia Toribio aplazó para el próximo lunes 28 de marzo, a las 11:00 de la mañana, la audiencia del conocimiento de la medida de coerción que se le sigue a siete supuestos integrantes de una red de lavado de activos desmantelada en la Operación FM.

El Ministerio Público solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste que le imponga prisión preventiva a Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.

El grupo fue arrestado en la denominada Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público, bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.

La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.

El caso FM está vinculado a una supuesta red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.

Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.

El Ministerio Público destacó que la medida de coerción más idónea a imponer en contra de los encartados de este caso es la prisión preventiva por la gravedad de los hechos cometidos en la red del crimen organizado y el peligro de fuga.

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