MP dice Plan de Humanización de Correccionales era entramado de maniobras fraudulentas encabezadas por Jean Alain

De acuerdo al expediente, el fin de este plan era extraer un porcentaje importante de los fondos que pagaría Odebrecht
Para la elaboración del Plan no se tomaron en cuenta evaluaciones estructurales, ambientales, hidrológicas, seguridad, ni de factibilidad de suelo

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El exprocurador Jean Alain Rodríguez habría aprovechado el contrato con la constructora Norberto Odebrecht para poner en marcha el “Plan de Humanización del Sistema Penitenciario”, mediante el cual se repararían y construirían centros correccionales y con dichos fondos, capitalizar sus finanzas para sus aspiraciones presidenciales.

De acuerdo a lo documentado en el expediente acusatorio depositado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Rodríguez, con la coparticipación de los coacusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y de los señores Rafael Canó Sacco y Víctor Lora Imbert, Félix Rosario, Isis Tapia, Loanders Medina y Alfredo Solano idearon un “negocio lucrativo”, puesto que “los fondos podían ser manejados como recursos directos” de la Procuraduría.

En su lanzamiento, el 11 de octubre del 2018, el proyecto de humanización fue definido como “la reforma penitenciaria más profunda que se haya realizado en la historia de la República Dominicana y, como una solución al problema de las condiciones infrahumanas de las cárceles del país, provocadas por el hacinamiento de los privados de libertad”.

Esta reforma abarcaría tres proyectos que incluía en una primera parte la construcción de dos nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación Penitenciaria (CCRP), dos centros de adolescentes en conflicto con la ley en San Luis y el Hospital Penitenciario La Nueva Victoria.

En una segunda fase, la ampliación de ocho centros penitenciarios y finalmente, la readecuación de cuarenta centros penitenciarios existentes.

Para la ejecución, se había presupuestado un gasto aproximado de 10,500 millones de pesos, “prácticamente, la totalidad de lo que sería pagado por la constructora Odebrecht, S.A.”, a raíz del acuerdo suscrito luego de haber admitido el pago de 92 millones de dólares para sobornos en el país, monto que fue duplicado a 184 millones de dólares, tal como lo establece la legislación nacional.

“El acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, S. A., en la página 15 establecía un calendario de pagos, con periodicidad anual, iniciando en enero del 2017 con la suma de 30 millones de dólares y posteriores partidas cada año hasta el 2025″.

“La realidad es que el fin ulterior del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, era extraer un porcentaje importante de los fondos que pagaría Odebrecht, S. A., por medio de una sofisticada, sin precedente y amenazante estructura de cobro de sobornos exigido a los contratistas, como requisito para estos ser elegidos como adjudicatarios de las obras”, reza textualmente el expediente.

Para la elaboración del Plan de Humanización no se tomaron en cuenta evaluaciones estructurales, ambientales, hidrológicas, seguridad ni de factibilidad de suelo, lo que, según documenta el Ministerio Público, elevó los costos de realización y se reflejó de manera evidente en la calidad del millonario proyecto.

El expediente cita en su página 392 que, “a pesar de la Procuraduría General de la República no tener planificación ni estructura para realizar un proyecto de tal magnitud, tal era la alianza que existía entre el entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que un presupuesto de más de diez mil millones de pesos, decide su aprobación y ejecución con una simple nota, sin estudio, ni ponderación, como si el patrimonio del Estado fuera parte sus propiedades lo que evidencia el poco respecto por la finanza pública”.

“El proyecto no pudo desarrollarse utilizando los fondos de Odebrecht, puesto que la constructora se declaró en bancarrota”, razón por la cual el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez requirió mediante una comunicación, recibida en el antedespacho de la Presidencia, según el número de Registro PR-E-2018-22131, de fecha 14 de agosto del 2018 la autorización del entonces presidente Medina.

En dicho documento, se observa la nota manuscrita, que dice: “Ministro Santana, proceder con esta solicitud, firma: DM”, dirigida a Isidoro Santana, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en esa época.

Según datos recabados por el Ministerio Público, hasta la fecha, el Plan de Humanización ha significado un gasto del erario ascendiente a 10,052 millones de pesos, con pérdidas millonarias para el Estado Dominicano.

Red piramidal

Pirámide ilustrada en la página 396 del expediente. (FUENTE EXTERNA)
MP dice Plan de Humanización de Correccionales era entramado de maniobras fraudulentas encabezadas por Jean Alain

El expediente, en la página 396, dice textualmente que “a los fines de adueñarse de un porcentaje del dinero que sería pagado por Odebrecht, S. A., fue creada una red que funcionaba en forma de pirámide, encontrándose en la cima los principales como beneficiarios y operativos de los sobornos, es decir, los acusados: Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, además del señor Rafael Canó Sacco”.

En el segundo nivel se encontraban los acusados Rafael Antonio Mercedes Marte y el señor Víctor Lora Imbert, quienes recibían fondos de parte de los contratistas para luego entregarlos y repartirlos en la red, además reclutaban empresarios del sector construcción, conocidos por estos, para ser seleccionados con el compromiso de devolver un alto porcentaje de lo pagado.

De igual forma, en el segundo nivel se encontraba la acusada Jenny Marte Peña, la cual, en calidad de Directora de la Unidad Ejecutora del Plan de Humanización, utilizaba mecanismos de presión respecto a los contratistas, consistente en la no aprobación de las cubicaciones, y por consiguiente los pagos, si estos no aceptaban las exigencias del entramado de corrupción.

De acuerdo al expediente, en el tercer nivel de la pirámide, se encontraban otros reclutadores de contratistas, que no laboraban necesariamente en la institución, pero eran cercanos al círculo de primer nivel, como es el caso del ingeniero Anton Casasnovas Nolasco, Alexander Augusto Rojas Elmudesi, Rafael Calventi Cuello, este último, hermanastro del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez.

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