De qué están acusados los imputados en los casos Coral y Coral 5G

El grupo está acusado de usar prestanombres, empresas fantasmas y entidades religiosas para distraer fondos públicos

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Este lunes, la jueza Yanibet Rivas, del  Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, envió este lunes a juicio de fondos a todos los imputados y 15 empresas imputadas en el caso denominado Coral y Coral 5G, cuyo extenso nombre obedece a la fusión de las investigaciones de un supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que operó durante los ocho años del gobierno de Danilo Medina para sustraer fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.

Se trata del caso donde han sido imputados rostros bastante conocidos: el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán; el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Torres Robiou, y el coronel Núñez de Aza.

Conforme al Ministerio Público, a través de diversas maniobras fraudulentas, estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la alegada red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado “aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país (Danilo Medina), cometieron una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves”.

Todos los imputados están acusados de los siguientes tipos penales:

  • Coalición de funcionarios

  • Prevaricación

  • Asociación de malhechores

  • Estafa contra el Estado

  • Falseamiento y omisión en la declaración jurada

  • Enriquecimiento ilícito, Lavado de activos 

  • Testaferrato

Los imputados

General Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), señalado como uno de los principales cabecillas del entramado.

General de brigada de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou, fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Señalado como cabecilla de Coral 5G.

Coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep, señalado como el brazo operativo del supuesto entramado de corrupción.

General de brigada de la Fuerza Aérea, Julio C. De los Santos Viola, ocupó el cargo de jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina cuando Adán Cácares fue arrestado en el 2021.

Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, asimilada de la Policía Nacional, conocida como la pastora Rossy, vinculada al caso por supuestamente crear junto a Cáceres empresas fantasmas y organizaciones no gubernamentales y religiosas para lavar los fondos distraídos de las instituciones públicas.

Tanner Antonio Flete es cabo de la Policía Nacional e hijo de la pastora Rossy. Según el expediente actuó como prestanombre del supuesto entramado para blanquear capitales.

General de Brigada del Ejército, Boanerges Reyes Batista, fue subjefe del Cusep hasta el 2014.

Capitán de la Armada, Franklin Antonio Mata Flores, exdirector de Operaciones de Avanzada.

Coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Augusto Lantigua Cruz, fue ayudante del director y encargado de raciones del Cestur.

Alejandro José Montero Cruz, sargento de la Armada.

Coronel de la Fuerza Aérea, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara fungió como encargado de Recursos Humanos del Cestur durante el periodo 2014-2020.

Coronel de la Fuerza Aérea, Miguel Ventura Pichardo, fue encargado de la División de Inteligencia.

Erasmo Roger Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea asignado al Cusep.

Teniente coronel del Ejército, Kelman Santana Martínez, fungía como el asistente personal de Adán Cáceres.

Mayor de la Policía Nacional, José Manuel Rosario Pirón, fue encargado de Tesorería en el Cusep.

Primera teniente de la Fuerza Aérea, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, era sub encargada de Auditoría en el Cestur.

César Félix Ramos Ovalle, propietario de la estación de combustible La Marina. Está encartado por supuestamente simular un falso suministro de combustibles a la red. Contra él no pesa la acusación de asociación de malhechores ni testaferrato.

Esmeralda Ortega Polanco, exgerente de Banreservas. De acuerdo al expediente, facilitaba el 90% de las operaciones financieras en la entidad bancaria a los miembros del supuesto entramado y era para la red, supuestamente, una especie de asistente financiera de Núñez de Aza.

Elida María Trinidad Santiago, suegra del general de los Santos Viola. Acusada de testaferrato.

Manuel de Jesús Alba Solano, suegro del general de los Santos Viola. Acusado de testaferrato.

Epifanio Peña Lebrón, general pensionado del Ejército. Fungió como consultor jurídico del Cusep, durante la gestión del coimputado Adán Cáceres Silvestre.

Erick Daniel Pereira.

Lucía de los Santos Viola, hermana del general de los Santos Viola. Señalada como una de las prestanombre del entramado.

Onoris Soto de los Santos, sobrina del coimputado de los Santos.

Capitán Pedro Castillo Nolasco.

Santiago Antonio Suarez Peguero, cuñado de Adán Cáceres.

Raymel Pastor del Rosario Viola, sobrino y testaferro del general de los Santos Viola, según el Ministerio Público.

Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, también acusada en este caso de testaferrato, principalmente.

Empresas enviadas a juicio también

Entre las 18 empresas enviadas a juicio de fondo se incluye Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.También las compañías Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve; MJTRESV Agroindustrial; MJTRESV Agroindustrial; y RyF Agroindustrial.

A las compañías Optumus E.I.R.L; Meijo Comercial; S.O.S Carretera y S.S.A Corporation, el Ministerio Público no les presentó las conclusiones, por lo que los señalamientos que se les hace serán debatidos en otra audiencia.

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