Minera canadiense critica falta de previsión del fallo que cancela su operación en Panamá
First Quantum Minerals es la matriz de Minera Panamá que administraba la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica
La canadiense First Quantum Minerals (FQM), matriz de Minera Panamá, la concesionaria de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, criticó este miércoles el fallo judicial que cancela esta explotación porque “no considera el catastrófico daño financiero, social y ambiental” que, asegura, provocará para el país.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, en un fallo – emitido el lunes y dado a conocer el martes- que señaló que este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno y el Parlamento infringía 25 artículos de la Constitución del país.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunció el mismo martes que una vez que se reciba formalmente el fallo judicial, el Gobierno iniciará el proceso de transición para el cierre de la mina.
“La decisión de la Corte expresa la inconstitucionalidad de la Ley 406 pero no considera el catastrófico daño financiero, social y ambiental que esto provocará”, dijo First Quantum en un comunicado, en el que sostuvo que “Cobre Panamá invirtió 10,000 millones de dólares en el país de buena fe”.
La mina Cobre Panamá comenzó en 2019 a exportar mineral especialmente al mercado asiático. Es una operación que representa el 4.8 % del PIB de Panamá y el 75 % de las exportaciones del país, según datos de la empresa.
El fallo del máximo tribunal “no toma en cuenta un escenario de cierre planificado, en el que normalmente se comenzarían a implementar medidas de rehabilitación, al menos entre cinco y diez años antes del cierre definitivo”, una etapa que “implicaría el desarrollo de infraestructura diseñada para seguir gestionando los aspectos ambientales de la zona y así evitar un desastre”.
“Para garantizar la protección del medioambiente frente a un cierre no planificado, se deben contemplar cronogramas y acciones similares con consideraciones ambientales, económicas, laborales, sociales y legales”, dijo la minera canadiense.
Los grupos ambientalistas que tienen más de una década luchando contra la mina aseguran que esta está enclavada en el Corredor Biológico Mesoamericano, donde ha causado graves daños al ecosistema, un extremo que la empresa siempre ha negado.
Tanto el fallo del Supremo como los comentarios del presidente Cortizo tampoco tienen en cuenta “los derechos de miles de panameños que dependen de la mina Cobre Panamá y de la minería para su sustento”, puesto que la explotación tiene “más de 7,000 empleados directos” y emplea a “33,000 contratistas y proveedores”, agregó la empresa en su comunicado.
First Quantum aseguró que “a pesar de que el Presidente (Cortizo) anunció la suspensión de las operaciones de Cobre Panamá, la empresa permanece abierta al diálogo constructivo”.
Sin embargo, “Cobre Panamá se reserva todos los derechos legales para proteger su inversión, prioriza la seguridad y el bienestar de sus empleados y se mantiene abierta al diálogo constructivo y transparente”, indicó el comunicado de la minera canadiense.
First Quantum advirtió este martes que se había visto forzada a suspender “operaciones comerciales” en la mina Cobre Panamá y que aplicaba “un programa de preservación y mantenimiento de seguridad” debido a las protestas en contra del enclave, que incluyeron el bloqueo naval de su puerto.
Las acciones de First Quantum en la bolsa de Toronto, donde cerraron este miércoles en 11.36 dólares, han caído en picado en el último mes, cuando se produjeron en Panamá protestas masivas contra la mina, que dejaron cuatro muertos y pérdidas económicas al país calculadas en 1,700 millones de dólares.
La calificadora Moody´s dijo este miércoles que la cancelación en Panamá del contrato de Cobre Panamá “hace muy probable” que el país centroamericano no cumpla con el objetivo del déficit este año y en el 2024 y que se afecte la perspectiva de crecimiento del PIB.