El desafío de coexistir con la industria en Santo Domingo

A Felicia Tavárez la persigue el miedo. Tiene 20 años en Villas Agrícolas, un barrio capitalino en el que hay instaladas industrias manufactureras que le generan incertidumbre. La posibilidad de eventos desafortunados, como la fatídica explosión ocurrida hace cincos años, la mantiene inquieta.

A pesar de intentar mudarse con sus hijos, los costos de las viviendas desentonan con el presupuesto familiar. “Llega el tiempo en el que tú te adaptas a vivir en el ambiente en que tú estás rodeado”, dice resignada a sus 56 años.

La migración a las ciudades, la falta de planes de ordenamiento territorial que se apliquen de modo consistente y la ausencia de regulación de las autoridades encargadas de los permisos de uso de suelo son razones por las que zonas industriales en Santo Domingo (3.7 millones de habitantes) se encuentran rodeadas de desarrollos urbanos.

“Sin embargo, es justo reconocer que este es un proceso común en muchas ciudades no sólo en República Dominicana, siempre consecuencia de la necesidad de expansión del espacio urbano”, observa Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Economía, advierte sobre un “urbanicidio” (destrucción social del hábitat). Desde el punto de vista social, señala, hay una agresión colectiva. “Pero la agresión es más hacia el hábitat, y una industria no puede ser parte del hábitat de la persona”.

“Ahora, hay empresas que pueden cohabitar con la gente también. Son aquellas que no son contaminantes, aquellas que son sostenibles en diferentes sentidos”, observa.

Con 7,463 industrias a nivel nacional, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la concentración del 34.9 % en el Distrito Nacional y el 26.4 % en la provincia Santo Domingo genera desafíos urbanísticos.

  

Las primeras industrias

Para llegar a las cifras actuales, la industria doméstica nacional se desarrolló a partir de la producción agropecuaria, tal como la azucarera, que por muchos años fue el principal baluarte del sector.

Derivada del procesamiento de la caña de azúcar, surgió la industria licorera; se desarrollaron también la tabacalera y la producción de hilados y tejidos.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), en un libro que recoge 50 años de desarrollo industrial, registra que durante la dictadura de Rafael L. Trujillo iniciaron sus operaciones empresas industriales importantes, especialmente en la década del 1945-1955, algunas íntimamente ligadas a los intereses de la familia gobernante.

Entre estas se destacan una fábrica de cemento, la Chocolatera Industrial, Molinos Dominicanos, Industria Nacional del Vidrio, Pinturas Dominicana e Industria Nacional del Papel.

A pesar de la concentración del dictador, se destacaron iniciativas de capital privado en zonas urbanas, tales como Industria Lavador, César Iglesias, Coca Cola, Pastas Alimenticias y Cervecería Nacional Dominicana.

Entre 1930 y 1950 se comenzó a urbanizar el Distrito Nacional a raíz de la migración interna en busca de oportunidades. Pero, la AIRD entiende que se debe reconocer que el desarrollo industrial dominicano “verdaderamente se inició en forma masiva después de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo en el año 1961”.

• El 7 de abril de 1962, un grupo de 59 empresarios constituyó la Asociación de Industrias de la República Dominicana.

Con la promulgación en 1968 de una nueva ley de incentivo y protección industrial, que ofrecía incentivos fiscales a todas aquellas empresas que calificaran dentro de tres categorías, empresarios se motivaron a producir en el país artículos que previamente se importaban.

Una de las categorías se otorgaba a las empresas de alta prioridad para el desarrollo nacional, especialmente aquellas dedicadas a la sustitución de importaciones. Estas podían recibir exenciones impositivas de hasta 95 %, excepto del impuesto sobre la renta, destaca la AIRD en su libro.

La asociación recuerda que la duración de estos beneficios variaba de acuerdo con la localización de la planta, otorgando mayor plazo a las que se instalaban fuera de Santo Domingo con el propósito de estimular la descentralización de la economía.

Las grandes zonas industriales

En el polígono central, la avenida John F. Kennedy era originalmente industrial, evoca el viceministro Matías. “Eso era un polígono industrial”, dice al referirse a las conexiones de esta vía con las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Churchill. “La logística de las empresas necesita desplazamiento”.

Además de las industrias instaladas en las inmediaciones del Expreso V Centenario, el malecón capitalino y barrios alternados, en la ciudad de Santo Domingo se pueden considerar dos áreas industriales.

Una de esas áreas es el eje de la avenida Máximo Gómez, desde la avenida John F. Kennedy hasta la avenida Nicolás de Ovando (lo que del lado este se llama Villas Agrícolas -donde vive Felicia– y al oeste ensanche La Fe; en el lado oeste está la Sociedad Industrial Dominicana -fundada en 1937-, que ocupa uno de los lotes industriales más grandes de la ciudad).

La segunda es la Zona Industrial de Herrera, que fue planificada como parque industrial, siendo de las primeras en ser declarada así, recuerda el viceministro Matías.

Para 1963, se estableció el primer empresario en la zona de Herrera. Se consideran como las industrias pioneras de esta demarcación Pinturas Popular y Aluminio Dominicano, según registros de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera.

El gremio ha señalado que la localización del área se proyectó tomando en cuenta la expansión natural de la ciudad capital, “liberándola del riesgo de contaminación ambiental”.

Peligros potenciales

La empresa Polyplas se asentó en Villas Agrícolas en la década de los años 60 del siglo pasado, recuerda el viceministro Matías. Eran unos años en los que Santo Domingo iniciaba su primera transición demográfica y su expansión urbana.

En ese momento la compañía, dedicada a la manufactura de plásticos, pasó a ser un medio para la generación de empleos y oportunidades de desarrollo económico. Comenzó pequeña y fue creciendo mientras también lo hacía la población en la periferia como resultado de los flujos migratorios campo-ciudad.

A media mañana del 5 de diciembre del 2018 se escuchó una estruendosa explosión desde Polyplas. El detonante fue una fuga de gas natural cuando se despachaba dicho combustible para el tanque principal de la compañía. Fue tan grande que dejó ocho muertos y 103 heridos; entre estos empleados y vecinos.

Felicia vive a una cuadra de donde ocurrió el siniestro. No estaba en su casa en ese momento, sino en otro barrio ubicado a unos 10 minutos de distancia en vehículo. Y allá se sintió el estruendo.

Polyplas tuvo que pagar por reparaciones e indemnizaciones para aproximadamente 800 personas afectadas, gestionó servicios de asistencia sicológica y siquiátrica para sus trabajadores y la comunidad, y prometió migrar a un sistema operacional con tecnología menos vulnerable. 

Pero todavía en el 2024, Felicia tiene temor. “Como son empresas que trabajan con productos químicos, con combustibles y cosas así, mayormente uno teme que vaya y exploten de nuevo, y le pueda afectar a uno”, dice.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes ve con preocupación cómo las industrias han quedado dentro de los núcleos urbanos, dice su viceministro de Desarrollo Industrial, Fantino Polanco. Defiende que no ha sido por falta de cumplimiento del deber de dicha institución.

“La ciudad, 40 años atrás, era de otra manera, y las industrias se asentaron en las afueras de la ciudad, que hoy son lugares que están en el centro de la ciudad, y que han sido poblados algunos de ellos por familias, lo que se ha constituido en esta realidad“, dice.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD asegura que cada día más, las industrias asumen parámetros que le permiten reducir su impacto ambiental y sostenerse sin mayores fricciones en ambientes urbanos o semiurbanos.

“Es un desafío permanente -agrega-, al que es necesario responder con criterios de sostenibilidad que fomenten la reducción del impacto que pudiere tener una operación de manufactura, donde sea que se encuentre”.

Destaca que esto queda abarcado bajo uno de los ejes en los que trabaja el gremio sobre “producción y consumo responsable”, en atención a los resultados del IV Congreso Industrial celebrado el año pasado y que se usará como marco de referencia para guiar el accionar durante los próximos cuatro años.

¿Trasladar las industrias?

Para ordenar las zonas urbanas de la ciudad por tipo de uso de suelo y sacar las industrias de los núcleos residenciales y corporativos, hay un ambicioso y costoso plan que desde ya el viceministro Matías considera complejo de ejecutar pues requiere mucha negociación y tiempo.

Se trata de mudar las industrias hacia la periferia de Santo Domingo, avecindadas a los 72.63 kilómetros de longitud de la autopista Circunvalación de Santo Domingo, para establecer un Corredor Industrial Sostenible que sea atractivo para las inversiones.

Este corredor se prevé desarrollar dentro de un proceso gradual a mediano y largo plazo con miras al 2050, que comprende la definición de zonas para desarrollos específicos. Además de industria, lo habrá para proyectos residenciales, de investigación y tecnología, salud, deportivo y ecológico, entre otros, en aproximadamente 91 millones de metros cuadrados.

La Iniciativa Santo Domingo 2050 la lanzó el gobierno en octubre del 2022, y en esta participan los sectores público y privado. “Es un proyecto que busca localizar suelo para crear vocaciones industriales en los mismos y que estas industrias peligrosas que están en el centro de la ciudad, mediante proceso de negociación, puedan localizarse en esos suelos”, explica Matías.

La Asociación de Industrias entiende que el establecimiento de zonas industriales como las que comprende dicha iniciativa “constituye un mecanismo que pudiere ser conveniente, sujeto a la realización de los estudios y análisis necesarios”.

El proyecto está en una fase de deslinde, de inventariarse todos los patrimonios del Estado y los privados. De ejecutarse, Matías considera que tendrá “un gran impacto” porque contribuirá con la seguridad ciudadana y con delimitar el riesgo ante desastres, permitirá que las industrias tengan condiciones de funcionamiento de otro nivel, protegerá el medioambiente y, hasta cierto punto, descongestionará las vías.

Pero no es decirles a las industrias: “se van”, aclara Matías. “Es un proceso lento”. De hecho, en la nueva ley de ordenamiento territorial 368-22 no está contemplada la figura de plan metropolitano de ordenamiento territorial, como le cabe mejor a la iniciativa. Sin embargo, esto se puede formular con base en las normativas aprobadas en cada ayuntamiento. “Por eso es complejo”.

La nueva Ley 368-22 clasifica las industrias en cuatro tipos: peligrosas y nocivas, molestas, inocuas y de generación energética, para que, en la planificación, estas se localicen a una distancia que no afecte cuerpos de agua, edificaciones educativas, de salud o viviendas.

“Hay empresarios que quieren -dice Matías-, incluso ya hay empresarios que se han acercado, incluso la Asociación de Industrias está interesada en Santo Domingo 2050. Hay empresas internacionales que quieren instalarse, incluso hay muchas empresas de energías renovables también, que quieren entrar. Incluso ya, hay algunos parques de energía solar que están instalados”.

El viceministro Fantino comenta que, en otros países de la región, como Brasil, se han creado mega distritos industriales. “Esas son iniciativas que toman décadas lograrlas”, reconoce.

Mientras ese ambicioso plan camina, el Ministerio de Industria apuesta por la creación de parques industriales para que las industrias tengan opciones donde instalarse y por considerar que son una herramienta de desarrollo porque generan clústeres, asociatividad y encadenamiento productivo.

Actualmente funcionan a nivel nacional nueve parques operados por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (ProIndustria), con 84 industrias, y 84 de zonas francas operados por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, con 595 empresas.