La fiscalía muestra que la venta de Los Tres Brazos detalla una malversación y fraude contra el Estado
La audiencia se pospuso para el viernes 17 de septiembre a las 9:00 a.m.
La audiencia se pospuso para el viernes 17 de septiembre a las 9:00 a.m.
El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Fiscalía Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó este viernes en la lectura de la acusación por la venta del sector Los Tres Brazos evidencia de que hubo malversación y fraude en detrimento de la República Dominicana. Estado.
Luego de varios aplazamientos, el Ministerio Público reinició este viernes la lectura de la acusación ante el Juzgado Sexto de Instrucción del Distrito Nacional, que preside el juez Juan Francisco Consoró.
“El proceso se encuentra en la etapa de lo que es la etapa preliminar, en la cual se ha reiniciado la audiencia de la acusación y, el motivo por el cual se ha reiniciado la acusación, es que, en la audiencia anterior, aunque ya había comenzado a ser leído, fue suspendido por más de 15 días ”, describió el fiscal a los periodistas que se le acercaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que la audiencia fuera suspendida hasta el próximo viernes 17 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
Marmolejos explicó que la normativa procesal penal establece que, si transcurren más de 15 días desde que comienza la lectura de la acusación o conocimiento del proceso, se debe reiniciar nuevamente, salvo que las partes acuerden lo contrario.
“En este caso, el imputado se opuso a continuar la lectura donde la habíamos dejado, por lo que, en cumplimiento de la normativa procesal penal, reiniciamos la lectura de la acusación”, describió en un comunicado de prensa enviado por la Fiscalía General de la Nación.
Precisó que con el nuevo calendario establecido por el tribunal, en unos quince días completarán la presentación de la acusación.
Respecto a los cargos, el representante del Ministerio Público dijo que se trata de fraude y malversación en perjuicio del Estado dominicano, presuntamente cometidos por Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas del Estado (Corde), y los funcionarios de esa institución. . “Algo que, de inmediato hemos comenzado a leer la acusación, se ha explicado, se ha demostrado, que la operación ilícita de la venta del sector Los Tres Brazos es una malversación y un fraude en detrimento del Estado”, puntualizó. enfatizado.
El equipo de litigios del Ministerio Público está liderado por el titular de Pepca, Fiscal Auxiliar Wilson Camacho.
En el caso por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este, además del exdirector de Corde, están Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex asesor legal, y Rosabel Castillo Rolffot, ex registradora de títulos del Distrito Nacional.
De igual forma, se procesan a Juana Inés Gómez Williams, representante de la empresa Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de dicha empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Asimismo, José Enrique de Pool Dominici, accionista principal y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien, según la acusación, prestó su nombre como conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos departamentos destinados a beneficiarios al ex gerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también acusa a las sociedades mercantiles Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
La acusación establece que los referidos funcionarios se coludieron entre sí para violar el orden constitucional y legal con el fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios píricos todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a un grupo de empresarios agrupados en la empresa Infepa.
El caso ha recibido la calificación legal de violación de varios artículos del Código Penal dominicano y la Ley No. 448-06, sobre Cohecho en Comercio e Inversiones.