Advierten de irregularidades en Ministerio de Medio Ambiente

Aseguran, en una carta al ministro, que la institucionalidad del Ministerio de Medio Ambiente está “amenazada”

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La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas advirtió este jueves al ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, que la institucionalidad de la entidad que dirige se ha visto “amenazada” debido a conflictos internos, irregularidades vinculadas a la permisología y la “pésima” coordinación de organismos de control.

En una misiva dirigida y leída al funcionario, en el marco de un encuentro en el Ministerio, el colectivo expresó su preocupación ante la “falta, debilidad e incluso complicidad frente a sanciones aplicadas a ilícitos”. Los ambientalistas manifestaron que se hace imperativa la transparencia hacia las organizaciones que integran la sociedad civil.

La Coalición hizo mención de diversas situaciones que, a su juicio, afectan de forma severa la protección y gestión del medio ambiente del país. “Estas situaciones inciden sobre las áreas protegidas, los ríos y sus cuencas, los bosques, la biodiversidad y la institucionalidad del propio ministerio que dirige”, sostuvo.

Citan deficiencias en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

El sector ambiental citó que los “fallos en el pago y contratación del personal de protección y vigilancia, la pobre o inexistente infraestructura mínima y las carencias extremas en los temas de transportación”, constituyen algunas de las deficiencias que, a su juicio, presenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).

En ese sentido, lamentaron la “pobre inversión” en el sistema, sobre todo cuando hay posibilidades de reinvertir los recursos generados por las mismas áreas protegidas en su gestión. Señalaron que esta situación se presenta en momentos en que se mantiene la invasión de terrenos y ocupaciones ilícitas a lo interno de estos espacios.

Agregaron que las amenazas y desafíos vinculados al Sinap fueron conocidas por el exministro Orlando Jorge Mera y del viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, en varias oportunidades. “La respuesta recibida una y otra vez fue que eso se está resolviendo o ya está resuelto. Reconocemos que ambos siempre se mostraron muy dispuestos a escuchar nuestros reclamos, sin embargo, a casi dos años de gestión, seguimos presenciando y recibiendo reportes muy penosos y preocupantes procedentes de prácticamente todo el país”, destaca la misiva.

Califican de “opaco” proceso de indemnización en Valle Nuevo

Los ambientalistas expresaron su sorpresa por la gestión de millones de pesos para el pago a presuntos ocupantes del Parque Nacional de Valle Nuevo, los cuales fueron desalojados en 2016, proceso que han calificado como “opaco”.

Indicaron que en la indemnización “no se visibiliza una depuración apropiada de aquellos que pudieran tener derechos adquiridos de otros que abiertamente expoliaron, explotaron y se beneficiaron de actividades agrícolas en terrenos dentro del área protegida”. 

La Coalición hizo énfasis en la destrucción de los bosques de montaña, la degradación de los causes ribereño, erosión de suelos, disminución del caudal, mala calidad del agua, construcción de “presas innecesarias, como Guayubín y Las Placetas”, así como el “secuestro de agua para aprovechamiento por parte de particulares, como amenazas a las zonas de mayor captación de agua de los ríos y acuíferos del país.

Señalaron que “es urgente una mayor respuesta ante los incendios forestales, la extracción no regulada/insostenible de recursos forestales como la canelilla, guaconejo, ébano o pinos,  una serie de desarrollos o proyectos de alto impacto que carecen de un buen análisis de alternativas y/o medidas de mitigación, como es el caso del desarrollo turístico de Pedernales, el cual será objeto de una comunicación detallada aparte”.

“Hay menos guardaparques nombrados que al inicio de la gestión

El colectivo sostuvo que amerita de atención urgente el hecho de que en la actualidad “hay menos guardaparques nombrados que al inicio de la gestión, en tanto que los llamados nominales o de brigadas se han incrementado de forma considerable”. Indicaron que se han mantenido los mismos salarios, “demasiado bajos para las responsabilidades y condiciones a las que deben enfrentarse los encargados de proteger nuestro patrimonio más importante”.

Los ambientalistas dijeron que llama la atención la designación como encargadas, asesores y administradores de personas que tienen “poca o ninguna preparación”, y otras “con conflictos de intereses declarados con el propio sistema, dado su historial en promover la ocupación ilegal, compensaciones económicas a infractores y opacidad en la distribución de dichas compensaciones”.

Aseguraron que “ha rayado en lo ridículola ejecución presupuestaria relacionada a la infraestructura, logística, combustible, medios de transporte y otros equipos esenciales, “aun cuando el monto presupuestado era claramente insuficiente”.

Piden mayor respuesta a incendios forestales y extracción no regulada

El colectivo solicitó al funcionario mayor respuesta ante los incendios forestales, la extracción no regulada o insostenible de recursos forestales como la canelilla, guaconejo, ébano o los pinos, además de una serie de desarrollos o proyectos de alto impacto “que carecen de un buen análisis de alternativas y/o medidas de mitigación, como es el caso del desarrollo turístico de Pedernales”.

La misiva fue firmada por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación Acción Verde, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Cúa Conservation, Guakia Ambiente, la Fundación Vega Real y el Grupo Jaragua.

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