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El Congreso Nacional, entre controversias, críticas e intensa labor

os congresistas recibieron fuertes cuestionamientos por los beneficios que reciben, como “El Barrilito” y exoneraciones; acusaciones por narco y corrupción y por iniciativas prioritarias, como el Código Penal

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El Congreso Nacional enfrentó el año 2021 entre intensos cuestionamientos, internos y externos; el supuesto involucramiento de cinco diputados en casos de narcotráfico y corrupción, aprobaciones de urgencia de varias relevantes iniciativas, y con una tarea pendiente, el gran reto el aprobar al iniciar el año 2022 el proyecto de ley de Código Penal, que ha generado controversias,

Las exoneraciones de vehículos de motor de lujo, por las que el Estado dejó de recibir RD$2,650 millones y el hallazgo de una escandalosa acta, que mostraron los propósitos de los congresistas, temas publicados por DL, colocaron a éstos en la mira de los criticas.

Narco y corrupción

El pasado 18 de mayo sorprendió la noticia del apresamiento del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez Díaz, procesado por presuntamente integrar de 2014 a 2017 una red de narcotráfico transnacional que operó en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

Además, en junio pasado el Ministerio Público (MP) dio a conocer que el procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa, investigaba a la diputada perremeísta Rosa Amalia Pilarte López por delitos de narcotráfico y lavado de activos. Las pesquisas abarcaban a sus familiares.

El pasado 8 de septiembre el MP divulgó que investigaba a un diputado por supuestamente ayudar a evadir una persecución en contra de uno de los arrestados en la Operación Falcón, que resultó ser el exdiputado Juan Maldonado. Por ese caso están imputados tres diputados: la esposa de Maldonado, Faustina Guerrero, Héctor Féliz Féliz (Pirrín) y Nelson Marmolejos.

Pilarte, Féliz Féliz y Marmolejos  defendieron su honorabilidad y Guerrero se ha mantenido en silencio. A exepción de Gutiérrez Díaz, quien está preso, los demás congresistas imputados siguen cumpliendo con sus labores legislativas. Ante esos casos el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que ese órgano no entorpecería las investigaciónes y se puso a la disposición de las autoridades judiciales.

Exoneraciones y acta escandalosa

Con la publicación en DL, el 26 de septiembre pasado, de un investigación realizada por la periodista Mariela Mejía, titulada: “Exoneración de vehículos a legisladores: un costoso privilegio que pasó a negocio”,  los congresistas volvieron a ser objeto de fuertes cuestionamientos.

Según el reportaje por 1,148 vehiculos importados desde el 2010 por senadores y diputados el Estado dejó de recibir RD$2,650 millones. Lamborghinis, ferraris y otros vehículos de lujo fueron comprados a través de esas exoneraciones que al ser vendidas por los congresitas representaban unos RD$2 millones por cada periodo legislativo. En una escandalosa acta de una reunión de la Comisión Permanente de Hacienda, publicada por DL el pasado 25 de octubre, los diputados admitieron esos beneficios, dos exoneraciones en cuatro años, y demostraron la intención que de no obtenerlo por ley tendrían que aumentarse los sueldos para transparentar sus ingresos.

Las exoneraciones de vehículos  y el Fondo de Asistencia Social (El Barrilito) en el Senado, forman parte de los incentivos de los congresistas. El impacto en la opinión pública sobre las exoneraciones generó que un grupo de 24 senadores presentara un proyecto de ley a fin de eliminar los incentivos existentes. La propuesta para modificar 39 leyes  se encuentra en “el limbo”.

En ambas alas escogen cargos 

En el Senado y la Cámara de Diputados los trabajos legislativos abarcaron la escogencia de los miembros y suplentes de la Cámara de Cuentas, del defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos y de la integrante del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (Procompetencia), María Elena Vasquez.

El resort por Código Penal y vistas públicas 

La estadía durante tres días en un resort, en la que participaron miembros de la comisión bicameral, que estudió el proyecto de ley de Código Penal, técnicos y legisladores invitados, generó cuestionamientos de diversos sectores, no solo por “el retiro” en sí, sino por nuevos artículos modificados.

A los temas controversiales de la no penalización del aborto, la no penalización de la discriminación por orientación o preferencia sexual se le agregó otra nueva lista de articulos que generaron divergencias adentro y fuera del Congreso Nacional.

Las penas menores para las relaciones sexuales no consentidas en pareja con respecto a las establecidas en una violación, la eliminación de la violencia verbal y la inclusión de un párrafo, en el artículo 123, sobre la autoridad parental generaron reacciones, en su mayoría en contra.

Durante todo el año activistas a favor de las tres causales, que defendían también la no discriminación a la comunidad LGTBQ y otras demandas, y los representantes de las iglesias cristianas se apostaron al frente de la sede del Poder Legislativo. Su labor de “lobbismo” abarcó visitas a los congresistas y uso de redes sociales y medios de comunicación.

El tema que más centró la atención durante todo el año,  el conocimiento del proyecto de ley del Código Penal, todavía persiste como una tarea pendiente y en la Cámara de Diputados, se vieron precisados a realizar una convocatoria extraordina a sesión para el proximo 4 de enero. ¿La razón? Porque por la falta de votos a favor o la utilización de un procedimiento legislativo incorrecto para aprobar el informe de la comisión especial no pudieron conocer el proyecto de ley. La pieza, que perimió el 15 de agosto pasado, fue retomada en el Senado en la presente legislatura que termina el 12 de enero venidero.

Iniciativas aprobadas

En el año 2021, en la Cámara de Diputados y en el Senado fueron aprobadas 18 leyes, de las cuales solo una corresponde al periodo legislativo que concluyó en enero de ese año.

Entre las iniciativas aprobadas figuran 16 préstamos por un monto ascendente a más de US$950 millones.

En el 2021 en ambas cámaras legislativas le aprobaron al Poder Ejecutivo seis solicitudes de estado de emergencia. Siendo la última sancionada el 26 de agosto pasado, aprobada ante los cuestionamientos por parte de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD).

Vistas públicas

Al no lograr ponerse de acuerdo con temas sustanciales como el Código Penal, en el Congreso Nacional decidieron conformar varias comisiones bicamerales para garantizar el consenso.

Una de las comisiones bicamerales que tuvo intensos trabajos fue la que tiene como fin estudiar una reforma integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esa comisión realizó unas seis vistas públicas en diferentes zonas del país. En las audiencias primó el clamor de que sean eliminadas las ARS y las AFP y que se aumente a un 4% del PIB el presupuesto para el sector salud.

En tanto que el proyecto de ley que permitiría a los afiliados de las AFP el retiro único anticipado y opcional del 30% de los fondos acumulados fue remitido a una comisión bicameral el pasado 30 de noviembre.

La decisión se produjo luego de que la comisión especial apoderada de su estudio no lograra consenso para presentar su informe.

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