Cómo la austeridad afecta el crecimiento económico

En la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los primeros decenios, apretarse el cinturón se tornó en práctica recurrente, en vara de medida de la virtud en la conducción de la política económica. Se premiaba la austeridad. Se controlaba el gasto corriente; el de capital. O ambos a la vez.

Aquella fue la época de mayor influencia del Fondo Monetario Internacional, encargado de mantener la disciplina en el manejo de las finanzas públicas y de evitar desvaríos en los mercados de divisas.

El mundo empezó a cambiar dramáticamente a partir de 1971, año en que se declaró la no convertibilidad del dólar en oro. Empezó ahí el predominio del patrón dólar que se ha mantenido hasta nuestros días.

En esos decenios había poco espacio para la invención en materia de política económica. El tipo de cambio era fijo, al igual que las tasas de interés. El endeudamiento muy controlado y proveniente sobre todo de organismos multilaterales, pues no existía un mercado de capitales abierto y líquido.

De ahí que el gasto público estuviera limitado a la disponibilidad de los ingresos corrientes y a los de capital dirigido a proyectos de desarrollo.

Tales circunstancias incidieron en el ejercicio gubernamental de Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco y, en menor medida, en el del primer gobierno de Leonel Fernández.

Asentarse en medidas de austeridad imponía confianza y ayudaba a la recuperación económica. Fueron tiempos de sacudida por el choque externo causado por el aumento vertiginoso de los precios del petróleo y la incertidumbre sobre el abastecimiento de hidrocarburos, así como por el disparo de las tasas internacionales de interés y la inflación.

En condiciones tan complejas hubo que acudir a comprimir la economía para estabilizarla mediante el expediente de constreñir el gasto, es decir apretarse el cinturón, pero también incrementar el ingreso tributario.

Por esa vía se lograba la realineación de los precios, recuperar niveles de competitividad, que la deuda externa estuviera bajo control y el fardo de intereses significara una carga ligera para las arcas públicas. Y todo esto a pesar de una presión tributaria baja.

Aquel fue un medio siglo de grandes avances para la consolidación de la economía dominicana, en que se pusieron los cimientos para el crecimiento económico sostenido y la estabilidad política.

Entre la década del 60 y del 70 se establecieron las bases institucionales del sistema financiero. En 1968 se aprobó una ley que impulsó el desarrollo industrial, incluyendo el de zonas francas. Y también se empezó a estimular el desarrollo del turismo, primero con timidez, y hasta con un retintín de burla (los turistas de Miolán). Nadie sospechaba que se convertirían en los sectores fundamentales que impulsarían con vigor el crecimiento económico y la generación de divisas.

En los gobiernos de Joaquín Balaguer (22 años, 12 más 10) se hizo énfasis en el control del gasto corriente y en el impulso a la inversión de capital con ahorro corriente focalizada en el desarrollo de la infraestructura, incluyendo la construcción de presas.

En la década de los ochenta se impuso la reforma de la administración pública y la institucionalización de las fuerzas armadas, obras de Antonio Guzmán Fernández (1978-1982). Y se resolvió con disciplina la crisis cambiaria estimulada por la conformación de una deuda comercial originada en la emisión de cartas de créditos y cobranzas no convertidas a moneda extranjera, que dio lugar a la pérdida temporal del crédito externo y al control de cambios. Se enfrentó la fiebre porcina y la destrucción causada por los poderosos huracanes David y Federico.

Tiempo después, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-86), se unificó el tipo de cambio. Y se adoptaron medidas de austeridad para consolidar la estabilidad económica.

Otras reformas económicas e institucionales relevantes quedaron reservadas para el último decenio del siglo XX: a) en el gobierno de Joaquín Balaguer (1986-96) se aprobaron las tributaria, arancelaria, laboral y del sistema de representación política (prohibición de la reelección e introducción de la segunda vuelta electoral; y b) en el mandato de Leonel Fernández (1996-2000) las de empresas públicas, liberalización de la ley de inversiones extranjeras, establecimiento de una estrategia y política internacional más activa, y se ajustó el nivel de retribución de los funcionarios públicos.

Fueron años en que hubo control de la expansión de la deuda pública. Y las cuentas del organismo monetario estuvieron bien aseadas, aunque no así las provisiones bancarias para enfrentar riesgos de incumplimiento con los depositantes.

El siglo XXI se asomaría con perspectivas halagüeñas que serían parcialmente truncadas por la cruda realidad.