El reto de la gobernanza institucional en nuestro deporte

El deporte dominicano nos ha dado muchas alegrías a través de los años. La isla es un terreno fértil para trabajar con éxito el desarrollo de atletas en varias disciplinas. Un trabajo que ha sabido identificar muy bien el sector privado, sobre todo el de fuera, quien ha sabido invertir millones de dólares estadounidenses para hacerse en su industria con nuestros mejores talentos. Otro impulsor de grandes logros en el ámbito local ha sido el mecenazgo de CRESO y el SENAFE; iniciativas que, de no existir, difícilmente estaríamos en muchos renglones compitiendo entre la élite mundial.

Difícil, porque la buena administración de nuestro deporte es un gran pendiente por resolver. El Sistema Deportivo Nacional que establece la Ley General de Deportes está concebido pensando, primero, en el federado por encima del atleta, sin ninguna base que sostenga a la gobernanza necesaria para que funcione cualquier institución deportiva que aspire a existir sobre marcos de controles de gestión, que le permitan cumplir sus objetivos y, también, rendir bien sus cuentas.

Los logros traducidos en medallas, clasificaciones a mundiales, juegos olímpicos o firmas de contratos millonarios que nuestros muchachos y muchachas obtienen en pistas, canchas y terrenos no acostumbran a traducirse en buenas gestiones de sus dirigentes.

Nos habituamos a celebrar, dejando de lado la importancia que supone el establecimiento de mecanismos de control para establecer procedimientos adecuados de planificación y toma de decisiones; y si los hay, con intención o por ignorancia o negligencia, omitirles olímpicamente.  

Algo que nos termina pasando factura, porque como de manera repetida ha citado el abogado italiano Lorenzo Casini, el Derecho del Deporte es un ordenamiento jurídico de carácter global, ningún país compite solo, por lo que en algún episodio del partido para poder presentarnos a nivel internacional respetando los estándares normativos nos hemos visto obligados a adecuarnos.  Tal ha sido el caso de las advertencias hechas al país por la Asociación Mundial Antidopaje el año pasado, que nos obligó a reaccionar para evitar importantes sanciones y la intervención de FIFA a FEDOFUTBOL en 2018 por temas de corrupción.  

La actual crisis del Comité Olímpico Dominicano no es exclusivamente una desavenencia entre dirigentes federados; es apenas la punta del iceberg de una estructura que aguanta muy poco el concepto de gestión institucional del deporte moderno. Llegar a París, sin nombre ni bandera, sería una sanción que ninguno de nuestros deportistas merece.