Conape responde a Abel Martínez por el tema de las pensiones solidarias
Consideran el Conape desarrolla decenas de programas en favor de envejecientes
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) consideró como una falta de sentido común que un aspirante a la presidencia apele a denuncias engañosas, en supuesta defensa de la población envejeciente para conseguir adeptos de ese importante sector poblacional.
José García Ramírez, director ejecutivo del Conape, dijo que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, debe estar enterado de las labores que realiza esa institución rectora de los derechos de los adultos mayores para brindarles asistencia.
Hace varias semanas, el candidato peledeísta había denunciado irregularidades en la entrega de pensiones solidarias.
Mediante un comunicado, García Ramírez precisó que, en los 20 años que el PLD dirigió los destinos del país, sólo se otorgaron 6,021 pensiones solidarias, mientras que en la gestión del presidente Abinader en tan sólo tres años se han otorgado 41,000 pensiones solidarias a envejecientes que carecen de historia laboral.
“Esta es una manera desatinada de hacer política, haciendo denuncias carentes de toda verdad, ya que hace varias semanas hizo pronunciamientos similares y en esa ocasión fue informado sobre los programas, beneficios y asistencias que se ejecutan en el Conape en favor de los adultos mayores”, manifestó el funcionario.
Explicó que el Conape desarrolla decenas de programas tendentes a hacer de los adultos mayores personas activas, participativas y productivas, mediante el sistema (SECARE) Servicios Capacitación y Recreación.
“Hemos aumentado la cantidad de Hogares de Día y realizamos un programa de remodelación y readecuación de decenas de estas instalaciones con una inversión de 33 millones 600 mil pesos, lo cual ha repercutido en un aumento de un 50 por ciento de los adultos mayores que disfrutan de estos espacios entre el 2020 y 2023”, indicó García Ramírez.
Precisó que el Conape actúa apegado a la Ley 352-98 que contempla la protección de los derechos fundamentales de los adultos mayores.
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