Proyecto de ley busca garantizar acceso público a playas
Las violaciones a la ley serán sancionadas con multas de hasta un millón de pesos
Un total de 35 diputados, de diferentes partidos políticos, sometieron un proyecto de ley que busca garantizar el libre acceso, uso y disfrute de las playas, costas y riberas existentes en todo el territorio nacional y sus islas adyacentes.
Según una nota de prensa, la propuesta plantea que “la franja de terreno denominada como marítima esté comprendida entre la línea de bajamar, escorada o máxima viva equinoccial, hasta 60 metros de ancho a partir de la pleamar zona marítimo- terrestre o espacio comprendido y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. O, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”.
Esta franja formaría parte del dominio público, pertenece al Estado y por tanto los terrenos que comprende son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Según el artículo 4, no sería posible legalmente adquirir ni haber adquirido derecho de propiedad alguno sobre la franja marítima.
Además, según el artículo 17 de la pieza, el Fondo para el Desarrollo Provincial Costero, de Protección y Gestión de Costas y Playas (Fonplayas), que sería creado, será utilizado para proteger, preservar, modernizar y recuperar la franja marítima; así como para la limpieza y mantenimiento de las playas, construcción de infraestructuras de desarrollo y facilidades de uso y acceso a costas y playas.
La iniciativa fue presentada el pasado 8 de noviembre, por los diputados Eugenio Cedeño, quien es su proponente principal, José David Pérez, Jesús Manuel Sánchez, Fior Daliza Peguero, Norberto Ortíz, Francisco Paulino, Adelis Olivares, Mayobanex Martínez, Rosa Hilda Genao y Dorina Rodríguez.
También, por Shoraya Suárez, Radhamés Camacho, Lupe Núñez Francisco Solimán, Darío Zapata, Ramón Ceballo, Dulce Quiñonez, Pedro Tineo, José Horacio Rodríguez, entre otros.
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El proyecto de ley plantea la conformación del Consejo para la gestión del Fonplayas que estará presidido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, e integrado por el Ministerio de Turismo, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) y la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial.
Además, contempla que sea conformada una Comisión de Vigilancia y Veeduría Permanente, que sería presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por la Academia de Ciencias, la Fundación Equidad y Justicia Social, Participación Ciudadana, la iglesia católica y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica.
Sanciones
En el artículo 20, establece que las violaciones a esa ley serán sancionadas con multas de hasta un millón de pesos, pudiendo cuadruplicarse según la gravedad de la infracción, consecuencias y efectos, así como la reiteración o beneficios obtenidos por el infractor.
En tanto que el párrafo I, de referido artículo, consigna que la intrusión en instalaciones hoteleras o residencias existentes en los límites de la zona de playas y costas y el uso no autorizado de esas instalaciones serán castigados con las penas de tres meses a dos años de prisión.
Con igual pena será castigada la persona física que en violación a esa ley impida, obstaculice o perturbe el libre acceso, uso y disfrute de las playas y costas a otra persona.
Según el párrafo I del artículo 7, no estaría permitido delimitar o cercar las playas, así como colocar barreras u obstáculos que impidan el tránsito por las zonas de servidumbre que permitan el acceso a las mismas.