Los vínculos de los políticos con el narcotráfico revelan debilidades en el sistema de partidos
Los partidos políticos tienen muy pocas demandas a los candidatos a cargos electivos Exigen más controles para aceptar que los candidatos estén vinculados a lo ilícito
Los partidos políticos tienen muy pocas demandas a los candidatos a cargos electivos Exigen más controles para aceptar que los candidatos estén vinculados a lo ilícito
La participación de políticos en actividades de narcotráfico puso de manifiesto debilidades en las leyes de Partido y Electorales, la falta de controles en la selección y selección de candidatos a cargos electivos, así como la ausencia de seguimiento y vigilancia por parte de los organismos de inteligencia del Estado. Además, cómo el narcotráfico penetra en el sistema político.
La situación se registra porque para que una persona sea candidata de un partido determinado, las mayores exigencias giran en torno a la realización de pruebas antidopaje para determinar el consumo de cocaína, anfetaminas, marihuana y opiáceos; un certificado de no antecedentes penales; carta de compromiso del partidario y residir en la localidad representada.
Los requisitos son parte de lo establecido en la Ley 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos que también solicita a los postulantes estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, tener un tiempo mínimo de membresía o permanencia en la organización, y no haber participado como candidato de otro partido para el mismo evento electoral.
De acuerdo con el procedimiento, los partidos remiten a la Junta Central Electoral (JCE) un expediente con los candidatos a participar en sus procesos internos, órgano que se encarga de determinar si cumplen o no los estatutos del partido y la Ley 33-18.
La falta de rigidez en los requerimientos de los candidatos a cargos electivos es objeto de cuestionamientos por parte de actores políticos a raíz del escándalo que vincula al suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, en el narcotráfico y lavado de activos, en cuyo caso Se menciona también al diputado Héctor Darío Féliz Féliz.
Desde el reformismo, el diputado Máximo Castro Silverio consideró que los partidos políticos “a partir de ahora tendrán que hacer una gran evaluación e investigación sobre los candidatos y sus representantes, tanto en la dirección de los partidos como en los cargos electivos”.
Su pareja, el perremeista por San Juan, Franklin Ramírez, afirmó que se deben fortalecer aún más las leyes de Partidos Políticos y el Régimen Electoral para que se incrementen los requisitos de los candidatos a un cargo electivo.
Su compañera de partido y secretaria de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, destacó: “Me comprometo a investigar para evitar esto”, refiriéndose a los supuestos vínculos del congresista Féliz Féliz con el caso de narcotráfico Falcón.
“El PRM, el PRD, el Partido Reformista … todos los partidos deben purgarse. Estoy de acuerdo con eso, pero no es algo exclusivo del PRM ”, afirmó.
El también diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, afirmó que si los partidos y sus líderes no juegan un papel más activo en el control de sus candidatos, el crimen organizado seguirá impactando el ejercicio político. “Por eso el dinero tiene que dejar de ser importante”, dijo en su cuenta de Twitter.
Para el ex juez del Tribunal Superior Electoral, Ramón Arístides Madera, la participación de políticos en actividades ilícitas se debe a que la legislación electoral dominicana adolece de fallas. Argumentó que el costo de las campañas que de otro modo serían condescendientes también tiene un impacto.
“Para ganar la impunidad, muchos narcotraficantes aspiran a cargos electivos, porque como son personas con poder económico, tienen la capacidad de gastar dinero”, dijo.